El Ministerio Fiscal solicita 4, 6 y 3'2 años de prisión para el diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vicens y el secretario general de UM, Damià Nicolau por un informe sobre el valor del suelo en la isla encargado por ambos al contable Tomás Martín con fondos (12.000 euros) abonados por el Consell de Mallorca. El magistrado-ponente de esta pieza separada del 'caso Son Oms' dceretó ayer la apertura de juicio oral, así que ambos dirigentes políticos y el autor del informe tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados.
El escrito de acusación señala que Vicens es responsable en concepto de autor material del delito de malversación de caudales públicos y del delito de prevaricación administrativa, mientras que Nicolau es responsable en concepto de autor, en tanto que cooperador necesario de los delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación. Para ambos, el fiscal solicita, además, la inhabilitación absoluta para ejercer cargo público durante 8 años. Tomás Martín, autor del informe y que ya ha reintegrado los 12.000 euros, se enfrenta a la petición de 9 meses de prisión, inhabilitación absoluta por 1 año y 6 meses por el delito de malversación.
El escrito afirma que Vicens «decidió de manera arbitaria» beneficiar con fondos públicos a Tomás Martín, con quien tenía «antigua amistad y a quién quería favorecer por los servicios y colaboraciones prestadas y también como medio de mantener su fidelidad».
Y añade: «Con esa finalidad llevó a cabo gestiones necesarias para que se creara un expediente de contratación y se le pagara una cantidad por servicios que eran innecesarios para la administración y que no entrañaban ni trabajo para su amigo ni utilidad alguna para la administración que los pagaba».
El fiscal señala que para ello «convenció al director insular (Damià Nicolau) a él subordinado para que emitiera los informes y dictámenes pertinentes sobre la necesidad de dichos trabajos y así dar una cobertura jurídica a dicha contratación para que pudiera superar los controles administrativos».
Finalmente, el Ministerio Público expone que Vicens «autorizó esa contratación arbitaria».