La fuga de la etarra Maite Aranalde ha generado una importante polémica respecto a la actuación de un juez de la Audiencia Nacional que permitió, mediante una fianza de 12.000 euros "dictada por el juez sustituto Eloy Velasco", la excarcelación sin ningún tipo de cautelas de la terrorista mientras el recurso en contra de la Fiscalía, que tardó cuatro días "con un fin de semana inhábil" en aceptarse por parte del juez Garzón. Demasiado tarde, cuando la policía fue a buscar a Aranalde, ésta ya había huido y en la actualidad se encuentra en paradero desconocido. Lo que extraña es que los servicios antiterroristas o los de inteligencia no tomaran las medidas oportunas para tener localizada a la terrorista en todo momento, en previsión de otra decisión judicial en sentido contrario.
El presidente de la Audiencia Nacional, Àngel Juanes, ha señalado que las dos decisiones judiciales "las dictadas por Velasco y Garzón", aunque contradictorias, se ajustan a la legalidad si bien, como es obvio, provocan el natural escepticismo entre la ciudadanía, que no logra logra comprender que el extravío de una documentación en Francia permite facilitar la salida a la calle de una delincuente como Maite Aranalde, responsable de la tenencia de explosivos y la colocación de diversos artefactos en gasolineras de Madrid en 2004.
Aranalde acabará, pronto o tarde, siendo detenida, ésta no es la cuestión. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional que consideró que no cabía tomar ninguan medida disciplinaria contra el juez Velasco, propuso, tras la reunión que mantuvo ayer, una modificación de las actuales fórmulas de extradición de terroristas por parte de Francia para evitar que se produzcan situaciones similares a la ocurrida estos días. Ésta debe ser la prioridad en la que deben comenzar a trabajar los ministerios de Justicia e Interior.