La propuesta de reforma de la Ley del Menor, anunciada por el Partido Popular, para el próximo mes de septiembre está condenada a provocar -con independencia de su futuro en la tramitación parlamentaria- un debate de la máxima actualidad atendiendo a la brutal violación de una joven por un grupo de menores en la localidad de Isla Cristina. Los detalles de la agresión sexual están provocando el lógico espanto en la sociedad española, en especial por la juventud de los protagonistas y las condiciones legales que son de aplicación a pesar de la gravedad de los hechos.
Siempre es desaconsejable legislar 'en caliente', como puede suceder con la iniciativa del PP y los cambios que previsiblemente querrá introducir en la Ley del Menor, que de manera muy genérica su portavoz, Alfonso Alonso, ha definido en el sentido de «acotar la impunidad» y «proteger a las víctimas». Ambos principios deberían concretarse cuando se trata de abordar una cuestión tan delicada como es la edad penal y las medidas de reeducación de los delincuentes más jóvenes.
En todo caso, la iniciativa de los conservadores debería ser el punto de partida para abrir un debate serio y profundo sobre lo que es un indudable problema social. Sería un error actuar bajo el impacto de lo sucedido en Isla Cristina, la delincuencia juvenil en España necesita de una respuesta más amplia y eficaz por parte de las instituciones y, por supuesto, del conjunto de la sociedad. Es probable que sea preciso revisar los valores que se están transmitiendo a los más jóvenes en los hogares y las escuelas, antes de acometer cambios en la legislación que sólo tratan de dar satisfacción a la necesidad de vengar una abominable violación.