Una vez levantado el secreto de las actuaciones por parte de la juez instructora, se van conociendo con detalle los indicios supuestamente incriminatorios apuntados en la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el director insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar, el ingeniero jefe de las obras de desdoblamiento de la carretera, Francisco Orejudo y el vigilante Gabriel Mestre, defendido por los letrados Gabriel Garcías y Josep de Luis, respectivamente. También está imputado el conseller insular de Carreteras y vicepresidente del Consell de Mallorca, Antoni Pascual, aunque todavía no ha sido citado a declarar.
En la declaración que realizó en la sede de la Policía Aguiar afirmó que Gabriel Mestre le había dicho que en una gasolinera de San Joan «le tiraron un sobre con dinero, y que no quería saber nada de esto, devolviendo éste el sobre».
«Salvajada»
El director de Carreteras, defendido por el abogado Josep Zaforteza, explicó que no le dijo nada porque le parecía «una salvajada». Aguiar admitió que en su finca se descargaron varias decenas de camiones de tierra vegetal (procedente de la UTE adjudicataria de las obras), pero matizó que esa tierra no se la pidió a nadie y que «no sabía» de donde venía. También calificó de «monstruosidad» que la inauguración de una trazado de la obra hubiese costado 300.000 euros, pero que en todo caso «sería un asunto interno de las empresas». Aguiar, que se desmarcó de Orejudo y Mestre, quedó en libertad con cargos tras permanecer 10 horas en la Policía Nacional.
Una testigo Coloma A. llegó a la conclusión de que se estaban empleando «prácticas mafiosas», ya que entendía que (Orejudo y Mestre) se habían dirigido a ella con «solicitudes inequívocas de dinero».
Anticorrupción , asimismo, sigue investigando una afirmación de Gabriel Mestre a la policía en la que reconocía que había 17 millones de euros correspondientes a unidades de obras duplicadas y hasta quintuplicadas.
Asimismo, otros dos denunciantes pusieron en conocimiento de la policía que se sentían «vigilados por parte de extraños».
La Fiscalía imputa cuatro delitos a los imputados: malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y prevaricación. Esos supuestos ilícitos penales son castigados con penas de 23 años de cárcel, según la querella criminal de Anticorrupción publicada ayer por este diario.