El portavoz de la oposición en el Ajuntament de Palma, el popular Rafel Durán, se pronunció ayer sobre el hecho de que Cort pague en torno a unos 70.000 euros cada mes por el fluido eléctrico en Son Banya. En este sentido, recordó que cuando se constituyó el poblado, hace cuatro décadas, se estableció que sus habitantes no pagarían ni el recibo del agua ni el de la luz, por razones de carácter social.
Desde entonces ha sido así. No obstante, conforme el poblado se fue haciendo más grande y apareció luego el problema de la venta de droga, los sucesivos equipos de gobierno han intentado encontrar una solución global satisfactoria de carácter social, que Durán reconoce que hasta ahora no ha sido posible encontrar, a pesar de que ha habido avances concretos, ya que «se trata de una problemática muy compleja».
Cabe recordar que en el pasado mandato, que presidió la popular Catalina Cirer, se llevó a cabo un programa de atención social y de realojo de las familias que no estaban ligadas al mundo de la droga, del que se informaba puntualmente a la oposición a través del Patronat Alberg Son Riera, y que en este mandato, que preside la socialista Aina Calvo, se ha puesto en marcha un programa que prevé el desmantelamiento del poblado antes de 2011.
Durán también recordó ayer que en el reciente Debate sobre el Estado de la Ciudad, que tuvo lugar la pasada semana, el PP «fue el único partido que expresó su preocupación por la situación social de Son Banya». Por último, insistió en que «aún hay un problema social grave y no debemos olvidar nunca que estamos hablando de personas».
Por su parte, el teniente de alcalde de Benestar Social, Eberhard Grosske, del Bloc, coincidió ayer en que el problema se encontraría en el «planteamiento excluyente» con que nació Son Banya hace cuatro décadas. «El poblado es una fuente permanente de exclusión social y un santuario de la droga, subvencionado en parte con dinero público», afirmó, por lo que «la única solución es su desmantelamiento».
En este sentido, reiteró su convencimiento de que el actual programa de desmantelamiento podría haber concluido a finales de este mandato.