PATRICIO CANDIA
El titular del Juzgado de Instrucción 11 de Palma, Manuel Penalva, dictó ayer un auto a través del cual decretó el ingreso en prisión sin fianza del ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) Óscar Collado por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental, fraude a la administración pública y prevaricación.
El juez, que estaba de guardia ayer en la sede judicial de Vía Alemania, adoptó esa decisión tras escuchar durante algo más de dos horas las respuestas de Collado a las imputaciones del fiscal anticorrupción Pedro Horrach. Asistido por el abogado Jaime Rodríguez Viñals, el ex gerente de la Funeraria «respondió a todo lo que le preguntaron», según su letrado, pero no convenció al magistrado, que decidió enviarlo a la cárcel sin fianza «para que no pueda influir en otros testigos»
Óscar Collado es, por ahora, el único de los tres imputados en el 'caso Funeraria' -los otros son el constructor J.P. y el abogado A.D.H.- que ha ingresado en prisión en una causa que investiga un rosario de presuntos delitos cometidos, al parecer, a través de la falsificación de facturas, apropiación de dinero público, la compraventa de tumbas y ataúdes en las que se cobraban comisiones y la ejecución de obras en el cementerio de Palma, en las que se registraban crecimientos desmesurados de los presupuestos.
Collado tuvo respuestas para todo ello -según su abogado- pero en el ánimo del juez para decretar su ingreso en prisión pesó mucho la amplísima documentación aportada por la Fiscalía Anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, que en las últimas semanas había recopilado facturas, 'dossiers' y testimonios, al parecer, contundentes contra el ex gerente de la Funeraria en el periodo comprendido entre 2003 y 2007. La defensa de Collado insistió ayer en que éste sólo admitió en el interrogatorio haber cometido «irregularidades administrativas, pero no de índole penal» en el tiempo en que desempeñó el cargo de gerente de la EFM, y que procedía a «reponer» el dinero que obtenía de la caja de la Funeraria «en concepto de adelantos».
El abogado Jaime Rodríguez Viñals explicó a los medios de comunicación que en el plazo máximo de tres días recurrirá el auto de ingreso en prisión de su cliente.
El origen de la investigación municipal partió tras el hallazgo de una serie de facturas de viajes de índole personal que la regidora popular Marina Sans, por aquel entonces la edil de Salut y presidenta de la EFM, había adquirido a través de la empresa pública para ella o algún familiar. Tras ese incidente, Hisenda del Ajuntament de Palma decidió investigar si había otros recibos dudosos. Asimismo, en febrero de este año el Bloc denunció las irregularidades en la Fiscalía.