El portavoz del PP balear, Carlos Simarro, dio a conocer ayer que la formación popular presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia ante «las continuas filtraciones a los medios de comunicación» de documentos relativos al llamado «caso Scala», que investiga un presunto caso de corrupción que se habría producido en la pasada legislatura en el seno del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), órgano que dependía del consejero de Comerç, Josep Juan Cardona, que se halla imputado por este caso.
Según la anterior responsable del CDEIB, Antònia Ordinas, parte del dinero cobrado por la presunta adjudicación irregular de contratos se habría destinado a la edición de publicidad electoral del PP en Ibiza, extremo que Simarro volvió a desmentir.
Arropado por la dirección regional del partido, con su presidenta Rosa Estaràs al frente, Simarro dijo que ahora habría «una persecución» judicial contra el PP por parte de la Fiscalía.
Las mencionadas «filtraciones» estarían provocando «juicios paralelos» y una situación de «indefensión», al llegar a la prensa acusaciones que desconocen los propios imputados.
Simarro defendió la «honorabilidad» de Cardona, y señaló que el objetivo de Anticorrupción sería «lesionar a la gente y a los partidos contrarios».
Preguntado por la posibilidad de que la Fiscalía pudiera estar actuando de forma inversa en otros casos, en velada alusión a la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, y al «caso Son Oms», Simarro dijo que lo que contra el PP estaría siendo «persecución», en UM estaría siendo «salvaguarda».
Asimismo, afirmó que el PP ha actuado de forma «contundente» cuando ha habido presuntos casos de corrupción en su partido, y añadió que si desde el Govern se pide la dimisión de Cardona, debería pedirse también la del presidente del Consell de Ibiza, el socialista Xicu Tarrés, y la de diversos cargos de UM, también imputados en diferentes casos de presunta corrupción.
Por su parte, la portavoz del Govern, la socialista Joana Barceló, dijo que no admitirá ninguna crítica del PP respecto al funcionamiento de la Justicia, para la que expresó el máximo respeto y colaboración, al igual que había hecho también Simarro.