LAURA MOYÀ
Las obras del Palacio de Congresos no se paralizarán el próximo viernes 5 de junio. Éste fue el acuerdo que alcanzaron ayer la alcaldesa Aina Calvo y el conseller de Turisme, Miquel Nadal, con Simón Pedro Barceló, copresidente del Grupo Barceló, tras una reunión en Cort. Desde las instituciones no se habló de la solución final que se adoptará y sí de la importancia de llegar a un acuerdo. Desde la hotelera mallorquina, sin embargo, se dejó entrever cuál será la resolución final: el rescate de la concesión, es decir, que el grupo abandonará el proyecto y las instituciones se harán cargo del mismo.
De esta manera, la alcaldesa recordaba que los «puntos de partida» siguen siendo «contrarios». «La voluntad es llegar a una resolución de mutuo acuerdo y caminar hacia una solución que sea la mejor para todos», dijo Calvo. Calvo definió la no paralización de las obras como «un gesto a valorar», aunque también recordó que esa decisión «no podía ser adoptada de forma unilateral» por la empresa concesionaria, sino que debía tomarse de forma conjunta.
La alcaldesa no habló del rescate de la concesión, aunque sí apuntó que es la postura que el Grupo Barceló mantiene. A través de un comunicado, la hotelera mallorquina afirmó, tras la reunión, que «se han sentado las bases para proceder al rescate de la concesión del Palacio de Congresos de mutuo acuerdo entre la administración y la sociedad concesionaria». En el texto se afirma que «la vía del rescate pactado» es «el mejor escenario posible» y «garantizará que Palma pueda contar con un excelente Palacio de Congresos dentro de los plazos previstos».
Durante los próximos días se celebrarán reuniones entre las dos partes con el objetivo de cerrar un acuerdo. ¿Se dan un plazo? «No hay un nuevo plazo, pero sí queremos que el desenlace se alcance cuanto antes mejor», afirmó la alcaldesa. De momento, «se pretende evitar» tener que personarse «ante un tercero», es decir, acudir a los tribunales. Una opción que no se plantea, pero que no se descarta al cien por cien, ya que, de forma paralela, cada uno de los afectados trabaja para apoyar a nivel técnico y jurídico su versión de los hechos. El presidente Francesc Antich aseguró que lo «más importante» del acuerdo alcanzado ayer es que las obras del Palacio de Congresos continuarán. A partir de ahora, habrá «tiempo» para hablar de los «problemas». Antich subrayó que «parece» que los técnicos jurídicos de Govern y Cort consideran que «no se justifican» las razones presentadas por el Grupo Barceló para solicitar la invalidez del contrato. Por su parte, Miquel Nadal dijo, a la salida de la reunión, que «las obras continuarán» y que «se buscarán soluciones en un breve plazo de tiempo». Por su parte, Simón Pedro Barceló definió el encuentro como «muy bueno» y remitió a las declaraciones de la alcaldesa.
Si finalmente la opción final pasa por el rescate de la concesión, Govern y Cort deberán hacerse cargo de las obras y del coste del proyecto. Una de las posibles soluciones podría ser que Acciona continuara con las obras y, más adelante, convocar un concurso para determinar quién se encargaría de la explotación de la infraestructura. En cuanto a la financiación, el Govern podría recurrir a los fondos procedentes del desarrollo del Estatut.
El Grupo Barceló basa su decisión de solicitar la nulidad del contrato de concesión administrativa en tres aspectos. Por una parte, en un supuesto sobrecoste de unos 30 millones sobre la propuesta original motivado por el año y medio de espera entre la adjudicación y el inicio de las obras, por los cambios introducidos y por conceptos de obra no previstos por la dirección facultativa. Por otra, en el retraso en el pago de los importes establecidos por parte de las instituciones. Por último, en una supuesta irregularidad urbanística.
Los tres puntos fueron rebatidos el pasado viernes por el consejo de administración del órgano de contratación. Según Govern y Cort, el presupuesto inicial tenía un coste de 95,6 millones de euros, sin IVA, mientras que el coste del proyecto modificado era menor, ya que se estaba cifrado en 92 millones. El retraso en el pago también se cuestionó, ya que de los 21 millones que deberían haberse abonado, ya se han aportado 20 millones. Además, las certificaciones de obra ascienden a 16 millones, es decir, lo actualmente construido se ha podido sufragar con la aportación institucional. En cuanto a la supuesta irregularidad urbanística, el consejo de administración recordó al Grupo Barceló que apoyó la modificación y que en la actualidad sólo se están ejecutando las obras del proyecto inicial, a la espera de que termine la tramitación del Pla General d'Ordenació Urbana que regularizará el cambio del proyecto.