El ex alcalde de Montuïri, Joan Antoni Ramonell, ha presentado una protesta formal contra la sentencia dictada por el juez del concurso de acreedores de Vicenç Grande, Víctor Fernández, en la que anula una operación de compraventa de unos terrenos en Son Bibiloni y le obliga a devolver a los acreedores del proceso concursal 1'7 millones de euros.
La protesta, elaborada por los abogados de Grande, el bufete Capellá, cita una sentencia del Tribunal Constitucional para alegar que ha habido indefensión al denegar el juez una prueba solicitada por la defensa.
El escrito, que no paraliza la ejecución de la sentencia, será resuelto por el juez una vez concluido la fase común del concurso de acreedores de Grande y de catorce de sus empresas.
Después, una vez abierta la fase de apelación, la protesta llegará a la Audiencia de Palma, aunque cabe la posibilidad que llegue a agotar su recorrido jurídico, es decir, ante el Tribunal Supremo e incluso el Constitucional, según las fuentes consultada por este diario.
La sentencia dictada por el juez Fernández resolvió el primer juicio oral de un incidente concursal con la anulación de una operación de compraventa de unos terrenos donde se iba a construir un geriátrico y en el que participaron Balear de Alquiler de Grúas SA (Balgrusa), Ramonell y Grande.
La resolución obliga a Balgrusa y a Ramonell a devolver 1'7 y 1'6 millones de euros, respectivamente, a la masa del concurso de acreedores.
Ramonell afirma que él no tiene que devolver ninguna cantidad a los acreedores de Grande, ya que empleó el dinero en pagar una comisión a un directivo del BBVA, y otra parte, la cobró en pagarés del propio Grande.