Carlos G., el técnico de Minas del Govern detenido el pasado lunes por cobrar supuestos sobornos de empresarios de canteras, quedó ayer en libertad sin fianza y con cargos tras ratificarse ante el titular del Juzgado de Instrucción 8 (de guardia), Antoni Rotger, y la fiscal Concha Gómez, de la declaración que por la mañana había realizado en la Policía Nacional.
El funcionario, defendido por el abogado Alberto Díaz, llegó después de la cuatro de la tarde al juzgado de guardia de Vía Alemania cubriéndose la cara con su camisa. Tras dos horas de espera abandonó la sede judicial acompañado por su abogado. El juez le imputa el supuesto delito de negociaciones prohíbidas a funcionarios.
Carlos G. había declarado por la mañana en la Jefatura de Policía y, según las fuentes consultadas por este diario, respondió a todas las preguntas que le formularon los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.
El acusado negó haber cobrado comisiones por la redacción de los informes que elaboraba en su condición de técnico de Minas de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia con el objetivo de, supuestamente, favorecer a determinados propietarios de canteras. No obstante, según los datos que manejan los investigadores, el funcionario del Govern habría contado con la colaboración de un ingeniero al que le facilitaba trabajos en canteras de Mallorca, a cambio de que éste le cediera parte de las cantidades de dinero que cobraba por su trabajo.
Si el empresario aceptaba los servicios del ingeniero propuesto por el funcionario, se aseguraba, prácticamente, un informe favorable para su cantera. Por ahora, son sólo sospechas en fase de investigación por eso la Fiscalía no pidió para él medidas cautelares.