El frenesí constructor e inmobiliario de los últimos años ha dejado un saldo desolador: cuando termine el año habrá 800.000 viviendas sin vender en toda España, aparte de las casas de protección oficial y el mercado de segunda mano. Naturalmente, la Asociación de Promotores Constructores quiere que alguien se haga cargo de ese monumental stock para poder comenzar a construir nuevamente y hacer que la rueda siga girando. Desde fuera de ese sector la pretensión parece poco menos que una locura.
Porque si en este país «sobran» un millón de casas, ¿para qué construir más? Desde el Gobierno se apresuran a advertir que ellos no comprarán los pisos, como pretenden los promotores. Pero sí que se plantean seguir construyendo, esta vez vivienda protegida, para vender y para potenciar el mercado del alquiler.
Está claro que hace tiempo que hemos perdido el norte en esta cuestión. Construir casas es un negocio y proporciona cientos de miles de empleos, es obvio, pero eso no significa que debamos seguir construyendo hasta el infinito. Sin duda habrá que alcanzar alguna clase de acuerdo para dar salida a ese millón de viviendas vacías y una solución podría ser convertirlas en fondo público para destinarlas al alquiler.
Se alcance una solución u otra, lo que está clarísimo es que de cara al futuro no podemos continuar adelante con el mismo modelo que nos ha llevado a la catástrofe económica. La vorágine del ladrillo debe terminar, y las autoridades deben garantizar que los empleos que se han perdido "se estiman en un millón" tendrán que crearse en otros sectores menos fluctuantes y, desde luego, menos devoradores de territorio y de recursos.