Un grupo de acreedores representados por el abogado Antonio E. Comas presentó ayer en el Decanato de Sa Gerrería una petición de concurso necesario de acreedores (antigua quiebra) para la academia Oposició i Treball Públic, que cerró sus puertas el pasado martes y que ha dejado en la calle a más de 300 alumnos.
Cada uno de los afectados había pagado entre 1.500 y 1.700 euros en concepto de matrícula, que incluía la posibilidad de contar con material didáctico y tutorías. El cierre del centro especializado en oposiciones se registra tan sólo tres semanas antes de que los alumnos se examinen para acceder a empleos públicos. «Ha sido un cierre realizado con santidad y alevosía», explicó ayer a este diario Toni, uno de los alumnos afectados. «Antes de Semana Santa ya estaban pasando cosas raras, que, lamentablemente, se han confirmado. Hoy (ayer) hemos mantenido una reunión con la Direcció General de Consum para denunciar a los responsables del centro por la vía penal», explicó. Los alumnos no pueden asistir a clases, es decir, el centro «no puede cumplir con sus obligaciones exigibles», explicó el letrado de una parte de los afectados.
El director general de Consum, Diego González, informó que ha remitido a los afectados con créditos personales vinculados a los cursos a la asociación Nuredduna, para solicitar al juez que declare su extinción, mientras que destacó que asesorará al resto de afectados en la presentación de reclamaciones de todas las cantidades.
Dos academias de Palma -Educalia Insular y Carrió- se harán cargo de los opositores perjudicados que estudiaban para policía o guardia civil.