El director ejecutivo de Serveis Socials del Consell, Jesús Mullor, afirmó ayer que «ninguno» de los usuarios de la residencia de la Llar de Pere Garau «quedará en la calle» el 23 de abril, día en que acaba el plazo de un mes fijado por la institución insular para que se lleve a cabo el cierre definitivo de la residencia, por carecer de las preceptivas autorizaciones administrativas, según confirma una sentencia. El centro de día de la Llar podrá permanecer abierto, pero sólo «por ahora», ya que se investigan posibles irregularidades.
Éste fue el compromiso adquirido ayer por Mullor en su reunión de urgencia con una representación de los familiares que, previamente, habían acudido a la concentración de protesta que tuvo lugar ante el Consell, en la que participaron unas cien personas, entre usuarios de la Llar, familiares y trabajadores. Dichos usuarios llegaron en dos autocares, al ser casi todos ellos personas dependientes. La protesta provocó el corte del tráfico en la zona durante unos 45 minutos.
Durante la concentración, cuyo lema era 'Los mayores no importan a nadie, salvo en las elecciones', se escucharon críticas contra la presidenta del Consell, la socialista Francina Armengol, y contra Mullor, así como comentarios como «Menos fiestas, menos cenas, no tenéis vergüenza», «¿Os habéis preocupado de lo que piensan nuestros abuelos?» o «¿Por qué hay dinero para los corruptos y no para las residencias?», entre otras quejas.
La directora de la Llar, María José Jaén, afirmó, por su parte, que el Consell habría «manipulado» la información que ha ofrecido estos días sobre la situación real de la residencia. Al mismo tiempo, los trabajadores del centro expresaron su preocupación por su futuro laboral.
Por su parte, el portavoz del PP en el Consell, Jaume Font, que se encontraba en la institución insular, expresó su preocupación por la situación en que podrían quedar los usuarios de la Llar a partir del 23 de abril.
El compromiso de Mullor, que contó con la aprobación de los familiares con los que habló, incluye reunirse con cada familiar para informarle sobre las residencias privadas existentes, ayudar a agilizar los trámites para recibir las ayudas previstas por la Ley de Dependencia y avanzar 400 euros al mes, durante un máximo de tres meses, hasta que dichas ayudas no sean recibidas, momento en el que el dinero avanzado tendrá que ser devuelto. En los casos de «prioridad social», cuando no exista ninguna otra salida, se podrá optar a una plaza en una residencia pública.