TORRRES BLASCO
Las gestiones de Antich en Madrid por diversos ministerios y su reunión con José Blanco siguen dado sus frutos. Al menos, ésa es la idea que se quiere trasladar desde el Consolat de la Mar. Ayer le tocó el turno a la política social: en presencia del president Antich, la consellera d'Afers Social, Josefina Santiago, y la secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcárcel, firmaron un convenio por el que el Gobierno de España financiará con 7,3 millones de euros la construcción y reforma de infraestructuras para atender la personas dependientes.
No queda ahí la cosa: según Antich, esta misma semana se firmarán otros dos convenios: una sobre vivienda y otro sobre promoción turística. El pasado viernes se desencalló el convenio de Carreteras (557 millones de euros); hace una semana se anunció el aumento en 100 millones de inversiones y, días atrás, se concretó el traspaso de la gestión de Cabrera y una cantidad anual fija para su mantenimiento. Según Antich, «está claro quién invierte y quién no».
Por lo que se refiere al convenio firmado entre Santiago y Valcárcel, la Conselleria d'Afers Socials, recibirá 7,3 millones de euros, con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local y de Dinamización de la Economía, que destinará a la creación y habilitación de 622 plazas para dependientes de las Islas y que generarán 257 puestos de trabajo.
Antich detalló que la cuantía se destinará a adaptar y reconvertir 189 plazas residenciales para personas válidas en plazas para dependientes; a la construcción de 226 plazas en centros de día y a crear «la 30 primeras plazas de las Islas en centros de noche».
El resto de las plazas procederán de la concertación de otras 177 con centros de titularidad privada.
También se destinará una parte a renovar los recursos existentes en transporte de personas con discapacidad.
Amparo Valcárcel informó de que parte de la inversión se destinará «a cuatro programas de formación de técnicos que se van a dedicar a servicios de dependencia», para unas trescientas personas; e indicó que las inversiones crearán unas 1.300 plazas nuevas -entre las residenciales y las de transporte- correspondientes a los servicios que prevé la llamada Ley de Dependencia.
La consellera Santiago, por su parte, incidió en que la creación de nuevas plazas paliará la escasez de recursos de Balears en el ámbito socio-sanitario: la media recomendada es de entre 6 y 8 plazas disponibles por cada 100 personas mayores de 65 año pero en las Islas no se alcanza el 1%.
Los 7,3 millones se destinarán a la reforma de la Llar d'Ancians del Consell de Mallorca en Palma; a la construcción de las residencias para personas con discapacidad de Son Castelló y Son Tugores; y la reforma de la residencia de Campos de plazas de válidos a asistidos.
Además, se construirán tres centros de día en Palma, uno en Valldemossa aprovechando la cesión de un convento, un centro nocturno en Petra y otro en Porreres, y uno de día y de noche en Esporlas. Se concluirá el centro de ses Salines y se acometerá la primera fase del centro de día para enfermos de alzhéimer de Ciudadela (Menorca).
Aunque el contenido del convenio ya se había anunciado, y se aprobó en un Consell de Govern celebrado hace semanas, tiene especial importancia política para el Ejecutivo de Balears, al que le interesa resaltar, su buena relación con Madrid, y para el Gobierno central ya que, según Valcarcel, es un reflejo de la importancia que Zapatero da a la política social.