La intervención del Banco de España en la Caja Castilla-La Mancha (CCM), anunciada por sorpresa el domingo por el Gobierno, es la primera que se produce en nuestro país desde el estallido de la crisis financiera que ha obligado a numerosos gobiernos occidentales -en especial de Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda e Islandia- a tener que adoptar medidas similares sobre importantes entidades de crédito. Hasta el momento, España había quedado al margen, pero la nefasta gestión de la Caja Castilla-La Mancha ha provocado que tengan que ser los fondos públicos los que garanticen el dinero de sus impositores debido a los gravísimos problemas de liquidez que atraviesa la entidad.
Caja Castilla-La Mancha ha sucumbido a la crisis inmobiliaria debido a su concentración en la financiación de proyectos de unos pocos, aunque potentes, grupos que son incapaces de hacer frente a los elevadísimos niveles de endeudamiento contraído con la caja castellana.
Desde el propio Gobierno se trata de relativizar la importancia de la Caja Castilla-La Mancha dentro del entramado financiero español, apenas el 0'8 por ciento del total. Sin embargo, la intervención del Banco de España es la primera que se produce desde 1993, cuando entró en Banesto, y la reacción a la baja de las Bolsas españolas no puede pasar desapercibida.
Lo ocurrido en la CCM debería ser una seria advertencia respecto a lo que ocurre cuando la gestión de las cajas queda supeditada a los criterios políticos frente a los estrictamente técnicos o profesionales, un punto que reabre el debate sobre el papel real de las cajas en el sistema financiero español.