FRANCISCO BARRASA
La expresión francesa 'pret-à-porter' significa «listo para llevar», y en origen estuvo íntimamente relacionada con el mundo de la moda. Se refiere a la producción en serie de prendas con patrones que se repiten en función de la demanda, la indumentaria que se ve en la calle, la del día a día y que se vende en las grandes tiendas de ropa. En Balears, desde hace poco más de dos años, la Fiscalía se querella contra políticos de profesión o cargos de confianza por delitos que ya le suenan al público como habilitados en serie, como una suerte de «faltas profesionales» ligadas a la profesión.
Podría decirse que este término galo exportado universalmente, que nació en los años setenta del siglo XX -los de la transición política española y quizá no por casualidad-, perdió el carácter de lo raro en términos delictivos para las personas con responsabilidad en el ámbito público y ha terminado por ser habitual en las pesquisas del Ministerio Público sobre la vida diaria de una comunidad autónoma.
En Balears, la relación de casos de corrupción en el ámbito de las administraciones públicas -juzgados ya o aún investigados por los fiscales-, es numerosa desde finales de 2006. Casos de denuncias, adoptados periodísticamente, tales como 'Andratx'; 'Rodrigo de Santos'; 'Plan Territorial de Mallorca'; 'Bitel 2'; 'Turisme Jove'; 'Consorcio de Desarrollo Económico Balear'; 'Can Domenge', 'Ibatur' u 'Operación Peaje', han terminado por ser una jerga habitual en las conversaciones de la población durante su almuerzo.
Los sumarios judiciales derivados de pesquisas sobre corrupción -aquello que el Código Penal denomina genéricamente delitos contra la Administración pública-, han llegado a los juzgados de Balears en un número y calidad lo suficientemente repetidos para que el decanato judicial eluda el sorteo ciego para su reparto y los asigne directamente según las cargas de trabajo de diligencias complejas y de repercusión «mediática». Puede recordarse al respecto que un juez de Instrucción de Palma, a quien correspondió por sorteo puro el 'caso Andratx' y se vio obligado técnicamente a dividirlo en casi 70 piezas separadas, es actualmente magistrado ejerciente en el ámbito de lo Civil puesto que el Consejo General del Poder Judicial «entendió» la necesidad de desplazarlo de un ámbito de actuación que -por carga de trabajo- condicionaba en negativo su actuación profesional. Por contra, el departamento balear de la Fiscalía dedicado a perseguir el delito económico organizado precisa refuerzo. No dobla sus funcionarios especializados porque -aún- no hay dinero para complemento salarial.