LLUÍS PLANAS
Las diligencias informativas abiertas por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de las presuntas irregularidades presupuestarias en la ejecución del metro de Palma tratan de comprobar si éstas son producto de actuaciones constitutivas de los delitos continuados de falsedad en documento oficial y malversación de fondos públicos o, en su caso, de estafa y apropiación indebida.
Los fiscales trabajan a partir de la denuncia presentada por los actuales responsables del Govern en los Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), en la cual se insta a investigar la actuación de la exdirectora de obras, Ana García; de la empresa consultora del proyecto, «Global PM»; y de determinadas empresas contratistas. Todo con la intención de averiguar «quién se ha beneficiado económicamente» de las irregularidades detectadas.
La denuncia expone en la Fiscalía, que ya ultima un primer listado de citaciones para los implicados, que se ha comprobado que la responsable técnica certificó partidas de obras por valor de 2.472.794 euros «que nunca se han ejecutado». Ana García, contando para eso con las mediciones técnicas que le hacía la consultora 'Global PM', iba certificando la realización de obras «con base a las cuales se pagaba a las empresas constructoras».
A partir de esta actuación, «la administración autonómica ha pagado por obras inexistentes» por valor de la anterior cantidad mencionada. En los hechos expuestos en la denuncia también se aporta el proyecto de liquidación con el cual se pagaba al contratista. En las certificaciones investigadas se hace la observación «no «realizado», «es decir, no efectuada la partida de obra certificada en falso».
Por eso se insta a Fiscalía a aclarar «por qué la sra. García ha certificado en falso, por qué 'Global PM' ha efectuado mediciones sobre obras inexistentes, por qué contratistas de obras han cobrado o reclaman actualmente por construcciones no realizadas y quienes se ha beneficiado económicamente» de todos estos hechos.
Desde Mobilitat también se ha puesto en conocimiento de los fiscales que la empresa consultora implicada en las presuntas irregularidades cobró entre julio de 2005 y marzo de 2007 la cantidad de 1.334.000 euros por parte de SFM «sin ninguna cobertura contractual», y se aporta la documentación sobre estos pagos.