P. CANDIA
La investigación judicial del 'caso Ibatur', centrada en la malversación de 85.000 euros de dinero público y falsedad documental admitidas por el ex asesor jurídico del Instituto Balears de Turisme (Ibatur) Miguel Àngel Bonet, ha generado un conflicto de competencias entre juzgados que puede retrasar las primeras diligencias.
Según confirmaron ayer fuentes próximas a la causa, ni el Juzgado de Instrucción 11 ni el 2 se consideran competentes para instruir el sumario. El primero, porque conoció la causa cuando estaba de guardia (el juez Manuel Vicente Penalva tomó declaración a Bonet), y el segundo, porque cree que esa circunstancia (la guardia de otro juzgado) le exime de cumplir el turno fijado para los casos presentados por la Fiscalía Anticorrupción.
El conflicto se resolverá en las próximas horas, muy probablemente, a través de un auto dictado por la Audiencia de Palma, instancia que resuelve las cuestiones de jurisdicción entre juzgados.
La querella presentada por los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Àngel Subirán apunta, por ahora, sólo a Bonet, aunque no se descarta que la lista de imputados aumente tras el análisis de la abundante documentación recogida por la Policía Judicial en la sede de Ibatur.
Bonet ha admitido los dos delitos que le imputa el Ministerio Público (malversación de caudales públicos y falsedad documental), y se encuentra en libertad tras constituir una fianza de 85.000 euros, la misma cantidad malversada.