El diputado del PP y ex conseller de Comerç, Indùstria i Energía, Josep Juan Cardona, ha negado ante la jueza instructora de la 'operación Scala', la supuesta trama de corrupción en el Consorci per el desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB) en la anterior legislatura, que le hubiese dicho a la ex gerente de ese organismo Antònia Ordinas que la publicidad del PP que él encargaba para las anteriores elecciones autonómicas y municipales debía «salir gratis».
Cardona, que declaró como imputado, calificó de «falsa» esa declaración previa de Ordinas, y sólo admitió que había contratado al publicista Joan Rosselló para diseñar la propaganda del partido. Tanto Ordinas como Rosselló están imputados en la causa.
El ex conseller, en cambio, se desmarcó del transporte de los folletos desde Palma a Eivissa, tarea que, supuestamente, se hizo con cargo a las cuentas del CDEIB.
Tras escuchar el relato de Cardona, la Fiscalía Anticorrupción, representada ayer por Juan Carrau y Pedro Horrach, solicitará a la juez Piedad Marín que se inhiba con el objetivo de que sea la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) la que asuma la instrucción del caso debido a la condición de aforado de Cardona.
La declaración del diputado del PP cerró ayer una maratoniana sesión en el Juzgado de Instrucción 4 de Palma, ya que también comparecieron los testigos Catalina Alcover, Josefina Linares, Ruth Mateu, Miguel Rigo y Gabriel Alcina. En calidad de imputado prestó declaración, asimismo, el presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz, quien se encargaba, en su calidad de ex jefe de gabinete, de los contenidos de la propaganda y de las fotografías, según explicó Cardona.
«Los trabajos (la confección y transporte) no eran gratis y en ningún momento lo fue», dijo el ex conseller. Añadió que se había enterado sólo dos meses atrás que Joan Rosselló no había presentado ninguna factura al PP sobre la propaganda del partido. Preguntado sobre quién tomó la decisión de transportar los folletos respondió que no lo sabía, «pero ese es un tema que compete a los responsables de la campaña».
Alcaraz, por su parte, admitió que su cometido fue elaborar los contenidos de los folletos, aunque se desvinculó del presunto pago de más de 13.000 euros que acreditarían el traslado de la propaganda sufragado por el CDEIB.
Incidiendo en este aspecto, el ex jefe de gabinete aseveró que la factura relacionada con este transporte -sobre el cual la Fiscalía postula que las cajas que contenían los panfletos pesaban más de seis toneladas y estaban camufladas bajo a aparencia de productos marca 'Baleares Cinco Estrellas'- «se ha pagado», y aseguró al mismo tiempo que fue Ordinas quien se encargó de firmarla y la que por tanto autorizó el pago, en lugar de Cardona y Viaene, como ya apuntó la ex gerente en sus declaraciones.
Los testigos, por su parte, también ofrecieron a la juez la versión de los hechos investigados, Ruth Mateu declaró que vio «cosas raras» en las conversaciones que escuchó entre Joan Rosselló y el empleado del CDEIB Antoni Munar sobre el envío de la propaganda a Eivissa.
Catalina Alcover dijo que le llegó una factura del «Producto cinco estrellas» (denominación bajo la cual se envió la publicidad del PP a Eivissa) muy elevada y que nadie le supo dar una respuesta. Se dirigió a Antoni Munar y éste le dijo que «haría averiguaciones». Más tarde, Munar le confirmó que era un «Producto cinco estrellas», y cuando le recordó que no había ninguna feria en Eivissa, su interlocutor le insistió en que, de todas maneras, pusiera «Producto cinco estrellas».
En la causa están imputados, además de Cardona, Alcaraz y Ordinas la soprano Isabel Rosselló, el ex director general de Promoción Industrial Kurt Viaene y otras veinte personas. La juez investiga el supuesto cobro ilegal de comisiones por parte de Ordinas y Viaene a diversas empresas y personas que realizaban trabajos por encargo del CDEIB.
Ambos se encuentran en libertad bajo fianza de cien mil euros cada uno. También estuvo presa Isabel Rosselló, esposa de Ordinas, que pagó una fianza de 6.000 euros para abandonar la prisión.