La elevada carga de trabajo que soportaron en 2008 los juzgados de Balears también repercutió en la Oficina de Investigación Patrimonial con sede en los juzgados de Vía Alemania hasta el pasado 31 de diciembre (a partir de 2009 cada juzgado tramita las distintas peticiones).
Según los datos correspondientes al pasado año, jueces y magistrados de ocho instancias solicitaron información patrimonial de 18.000 ciudadanos de Balears inmersos en causas judiciales, 500 más que en 2007 (17.500), con un aumento porcentual de, 2,85%.
Esa información de los bienes de las personas investigadas es empleada por los jueces para fijar, por ejemplo, la cuantía de fianzas o embargos de coches, casas o el bloqueo de cuentas bancarias, entre otros.
El aumento constante de los litigios de toda índole y de las causas vinculadas a la corrupción, ha obligado a los jueces a recurrir a los servicios de la Oficina de Investigación Patrimonial.
El pasado año,por ejemplo, fueron investigados los bienes de Antònia Ordinas y Kurt Viaene ('operación Scala'), Damià Vidal ('caso Bitel'), Jaume Massot y Eugenio Hidalgo ('caso Andratx'), Bartomeu Vicens ('caso Son Oms'), entre otros, como principales imputados en las causas con más trascendencia mediática.
Los jueces fijaron fianzas millonarias atendiendo a la gravedad de las imputaciones y a la disponibilidad económica de cada uno de ellos. Las cauciones que constituyeron Massot y Vidal para eludir la cárcel fueron las más elevadas con 200.000 euros cada uno.
En la mayoría de las ocasiones, basta un clic del ratón del ordenador para averiguar el patrimonio de la persona investigada y, de esa manera, los jueces obtienen una información veraz y objetiva.
Información
Desde su implantación, en 1998, la aportación que realiza la Oficina de Investigación Patrimonial es muy valorada por los jueces y funcionarios de los juzgados, ya que en ocasiones, una misma persona tiene varias causas abiertas en varios juzgados, y ello dificulta el correcto tratamiento de la información.
Pero desde que las peticiones de los jueces se canalizaron a través de la Oficina, los datos son obtenidos en un plazo mínimo de tiempo y con el máximo de garantías. Los jueces envían sus peticiones a la Oficina amparándolas en el artículo 113.1 letra F, de Protección de los Derechos e Intereses de Menores e Incapacitados, de la Ley General Tributaria y de la Ley General de la Seguridad Social.
Las consultas a la delegación de Hacienda en Balears provienen de distintas jurisdicciones, como la Audiencia Provincial de Palma, juzgados de lo civil, contencioso administrativo, menores, mixto (civil y penal) y social.
Según las estadísticas, la jurisdicción civil, seguida de la penal, son las que más recurren a la Oficina de Investigación Patrimonial. En el último trimestre de 2008, por ejemplo, los jueces cursaron 5.330 peticiones, de las cuales 2.650 fueron a causas que se siguen en lo civil, y 1.258 de lo penal.
Los jueces y magistrados acudían a la Oficina de Investigación Patrimonial (cerrada el 31 de diciembre de 2008) con el objetivo de unificar sus peticiones vinculadas a las causas que siguen contra ciudadanos que son investigados por diferentes motivos. La Oficina empleaba una red informática para comunicarse con la Agencia Tributaria, Tráfico y la Seguridad Social, organismos que ofrecen una información rápida y fiable. A partir de 2009, cada juzgado dispone de un punto de acceso único para realizar las peticiones.
No tiene el mismo calibre una investigación sobre el patrimonio de alguien que malversó dinero público de forma sistemática que sobre alguien que pleitea en los tribunales por el pago de una pensión alimenticia, pero todos ellos figuran en esa amplia lista de los 18.000 ciudadanos de las Islas que han pasado por el rasero de la Justicia para que fueran aireadas hasta la última de sus propiedades. El más sonado de esos casos, por su desfachatez, fue el de la ex gerente del CDEIB, que por ocultar su patrimonio llegó a esconder un buen puñado de euros enterrados en el jardín en la vieja caja de 'Cola-Cao'. La Justicia lleva meses de intenso trabajo sólo con lo que se acumula en casos de corrupción varios.