Las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un brutal incremento en el número de empresas y familias que presentaron un concurso de acreedores "las anteriores suspensiones de pagos", que se triplicaron en el conjunto de España "2.902 en todo el 2008" y que, en Balears, aumentaron un 182 por ciento, con 127 afectados de los que 23 fueron familias. Los datos adquieren una especial relevancia en plena polémica y cruce de acusaciones respecto al papel de la banca en esta crisis económica, además de reflejar el creciente número de empresas que no puede hacer frente a sus deudas, en especial las vinculadas a la construcción.
En este contexto resulta imprescindible poner en el centro del debate la estrategia a seguir para lograr que la economía vuelva a funcionar, una vez que las ayudas del Gobierno a las entidades financieras no están dando el resultado esperado. A la lógica caída de la demanda de créditos en tiempos de crisis, los bancos y cajas han añadido unas cautelas añadidas a las peticiones de financiación formuladas por las pequeñas y medianas empresas y las familias que hacen que sean rechazadas. La dinámica es infernal. No se trata de repetir los errores del pasado en el que el sistema financiero español, y mundial, invertía con alegría e irresponsabilidad en proyectos y productos inviables.
Para salir del atolladero y frenar una cascada de quiebras de bancos y cajas, los estados han inyectado cantidades ingentes de dinero en el sistema, una dinámica en la que también ha participado el Gobierno español. Es más que razonable que en justa correspondencia exigir un punto de corresponsabilidad en las entidades financieras para que colaboren en el retorno de estos fondos al mercado la inversión y la creación de puestos de trabajo.