El nuevo modelo de financiación autonómica ha recuperado el centro del debate político, una vez que van consumiéndose plazos en un proceso en el que Balears se juega la dignificación de su capacidad de autogobierno. El Govern, en este momento crucial, cuenta con el apoyo unánime de la sociedad balear expresada por medio de los representantes de las organizaciones más destacadas, conscientes de la trascendencia del acuerdo final.
Cuando es el momento de poner en práctica los compromisos, asumidos incluso por el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, da la impresión que se está tratando de rebajar las expectativas de Balears. En este aspecto hay que destacar la contundencia de las posiciones manifestadas por el president Antich y su conseller d'Economia, Carles Manera, al advertir que en caso de no alcanzar las expectativas las Islas están dispuestas a quedar al margen del nuevo sistema de financiación autonómica. Esta postura de fuerza adquiere un mayor valor cuando se plantea como respuesta a una iniciativa procedente de un Gobierno con el que se mantiene una indudable sintonía política.
No resulta exagerado ni ampuloso apelar a la dignidad colectiva de Balears para impedir que no se haga justicia frente a las décadas de agravio financiero cometido con las instituciones autonómicas, una situación que, en definitiva, hemos pagado todos con una merma en los servicios públicos o, sencillamente, recurriendo a servicios privados para poder ser correctamente atendidos en servicios como la sanidad, la enseñanza, el transporte o las comunicaciones. Resulta inaceptable que Balears siga adelgazando financieramente mientras otras comunidades, como la catalana -por citar un ejemplo-, logran ventajas gracias a su peso político. Basta de agravios.