El Govern calcula que podrá recaudar entre 70 y 90 millones de euros por la legalización de plazas.
El «decreto Nadal» nace con el objetivo de impulsar de forma urgente la actividad económica pública y privada, su aplicación es inmediata, y sólo necesita ser ratificado por el Parlament. No obstante, tanto Nadal como el president Antich se mostraron dispuestos a que se tramite como una ley para conseguir el consenso con el grupo popular.
En síntesis, el «decreto Nadal» reducirá los plazos ordinarios de trámite en los procedimientos administrativos para todas aquellas inversiones declaradas de interés autonómico. «Hace cuatro meses, los hoteleros no hubieran soñado este decreto», dijo el conseller de Turisme en la presentación del acuerdo.
Por lo tanto, se reducen a la mitad los plazos para otorgar licencia y el Govern podrá acordar, también mediante decreto, los supuestos en los que es aplicable el sistema de declaración responsable para el inicio de una determinada actividad económica. Si de las comprobaciones se desprende la falsedad o inexactitud de los datos declarados, se suspenderá la actividad. El «decreto Nadal» pretende que sean los hoteleros mediante la inversión de sus establecimientos los que puedan, por una parte, mejorar el producto y, por otra, potenciar el sector de la construcción, actualmente en una situación de crisis profunda. Los hoteleros podrán ampliar sus hoteles un 10 por ciento, pero no en vertical. Las alturas de los hoteles no podrán modificarse. «Es un decreto para una situación extraordinaria», recalcó Antich.
Sin embargo, el grupo ecologista GOB en un comunicado ha calificado de «nueva modalidad de urbanismo a la carta» el decreto de medidas urgentes que facilitará la reforma de la planta hotelera en las islas, conocido como «Decreto Nadal». Para el GOB la aprobación del decreto es «un grave error».