Los líderes del Lobby per l'Independència, Jaume Sastre y Pep Palou, se enfrentan a penas pecuniarias personales de 15.000 euros y a una indemnización conjunta de 3.000 por presuntos delitos de injurias y calumnias al juez José Castro, tras juicio oficiado ayer ante la titular del juzgado Penal 7 de Palma. Castro, que declaró como testigo, insistió en que con una petición de disculpas y una rectificación rechazaba «cualquier condena», pero no obtuvo respuesta de los acusados.
El juicio contra Sastre y Palou era consecuencia de una querella del juez Castro, asumida por la Fiscalía de Balears, como consecuencia de artículos aparecidos en la página web del Lobby, en marzo de 2007, en los que se vertían numerosos adjetivos calificativos tanto sobre la persona como sobre actuaciones profesionales del magistrado.
La base argumental del juicio de ayer se remonta a una serie de opiniones, unas en construcción afirmativa y otras como preguntas, que en la web del Lobby ponían en cuestión la fianza por responsabilidad civil de 50.000 euros que el juez Castro impuso a Sastre en la querella por injurias y calumnias que le planteó por el asunto de su piscina costanera el periodista Pedro José Ramírez, y los 30.000 euros de fianza para eludir la prisión que el magistrado impuso a «La Paca» por un presunto «secuestro exprés» relacionado con dinero del narcotráfico.
Castro señaló reiteradamente en su testifical que no sentía «más allá del desconocimiento de su persona y una actitud pueril» el hecho de ser tildado de «franquista, foraster andalús i racista antimallorquí», e incluso ser tachado de «persona llicenciada en dret per la universitat del Ku-Klux-Klan», pero entendía como una clara ofensa insinuaciones derivadas de preguntas como «¿El jutge Castro està en nòmina dels narcotraficants de Son Banya?
Sastre y Palou, que se acogieron a su derecho a no contestar el interrogatorio del Ministerio Público, aclararon a instancias de su abogado que los artículos de la web del Lobby eran «una concepción colectiva de muchas personas», y que todas que accedían a la página con la contraseña única de «J. Sastre».
El letrado pidió la absolución de sus patrocinados al entender que ni está acreditado por la acusación pública que ellos fueran los responsables de los textos, ni los mismos contenían expresiones susceptibles de ser consideradas injuria o calumnia.