La futura ley del suelo, que el Govern está presentando a todos los agentes implicados permitirá que los ayuntamientos de las Islas fijen un número máximo de licencias de obra por año. De esta manera, la norma incorporará una «ley de cuotas» como la que se intentó aprobar sin éxito en el anterior Pacte.
El anteproyecto presentado por la Consellería de Movilidad permite que los ayuntamientos que lo deseen establezcan en su planeamiento municipal un número máximo de licencias que se pueden ejecutar cada año. El objetivo es contener y racionalizar el crecimiento urbanístico en caso de que se produzcan aludes de peticiones de obras, como las que se han vivido en el pasado en el archipiélago.
Hasta ahora, los ayuntamientos no podían fijar un techo de permisos porque necesitan una habilitación legal para poder hacerlo, una habilitación que ahora tendrán cuando se apruebe la ley del suelo. Y es que los intentos de fijar límites de licencias habían topado hasta ahora con este obstáculo. El Ajuntament de Calvià, por ejemplo, introdujo este concepto en su planeamiento en tiempos de Margarita Nájera (PSOE), pero la Comisión Insular de Urbanismo no lo permitió.
Ahora mismo, sólo pueden establecer cuotas los ayuntamientos turísticos de Menorca para que el Plan Territorial de esta isla los ampara. En tiempo del anterior Pacte de Progrés se intentó aprobar una 'ley de cuotas', precisamente para dotar en los ayuntamientos que quisieran esta habilitación legal, pero no hubo acuerdo. Tampoco lo hubo para introducir este concepto en el Plan Territorial de Mallorca. Ahora, cuando el boom urbanístico se ha desinflado, los ayuntamientos podrán limitar las licencias con la aprobación de esta ley.
Los representantes del GOB, que esta semana han conocido la ley, confían en que esta normativa contribuya a contener el crecimiento urbanístico de Balears. Precisamente, la propuesta recogida en la ley del suelo para limitar las licencias es uno de los aspectos que más gusta a los ecologistas.