El juez decano electo de Palma, Francisco Martínez Espinosa, ha asegurado que si sus colegas (unos 60 en la capital balear) se suman a la huelga fijada en principio para el 26 de junio, ésta «no será salvaje», ya que los magistrados respetarán los servicios mínimos (que deberá fijar el CGPJ) , funcionarán con normalidad los juzgados de guardia y se despacharán con rapidez las causas con preso.
«La huelga es el último extremo, queremos evitarla, pero siempre y cuando el Ministerio de Justicia atienda, con hechos y no palabras, nuestras reivindicaciones», explicó Martínez en una rueda de prensa.
Según el juez decano electo (no ejercerá el cargo hasta que el BOE publique su nombramiento) dijo que el derecho de los jueces a convocar y participar en una huelga se justifica en el hecho de que son trabajadores sometidos «a un estatus laboral»
«El juez es un poder del Estado cuando está dictando una sentencia, pero en el momento de resolver también es una persona sometida a un estatus laboral que trabaja con una serie de condiciones, con una retribución, que está sometido a un régimen disciplinario, a cumplir con una carga de trabajo, a una serie de deberes y obligaciones que le hacen merecedor de este derecho», ha dicho.
Martínez Espinosa se ha remitido a lo afirmado ayer en Ultima Hora por el vocal mallorquín del Consejo General del Poder Judicial que corresponde a Balears, Antoni Monserrat, del que ha citado que «lo que no está expresamente prohibido debe entenderse autorizado».
Martínez ha explicado que «el derecho fundamental a la huelga como medida de conflicto está reconocido en la Constitución a todos los ciudadanos y no está negado expresamente a los jueces, como sí a otros colectivos como son los militares».
También ha recordado que la Constitución sí niega a los jueces el derecho a la sindicación y a la afiliación a partidos políticos, pero no hay mención expresa a la participación en la huelga.
Los jueces de Palma decidirán el próximo miércoles si apoyan la huelga general convocada para el mes de junio.