En una decisión sin precedentes en nuestra joven democracia, los jueces amenazan con ir a la huelga. Aunque desde el PSOE se anota que la idea de una huelga judicial es contraria a la Constitución, la verdad es que no les falta razón en algunas cuestiones, aunque tampoco les vendría mal cierta dosis de autocrítica en otros asuntos (un excesivo corporativismo, sentencias polémicas y sanciones controvertidas cuando cometen errores, como en el caso Mari Luz).
Se quejan los jueces de que faltan medios humanos y técnicos a la hora de sacar adelante su trabajo. Y eso es cierto. Recientemente un análisis del New York Times se preguntaba atónito cómo podía funcionar la Justicia española con la estructura y los medios decimonónicos que arrastra. Sin duda es de rigor exigir la incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías "como ya ha ocurrido en todos los ámbitos laborales" y una revisión en profundidad de la actual planta judicial, además del lógico respeto a la separación de poderes.
La solución, claro, es una mayor dotación económica, cuestión que se ha ido dejando de lado legislatura tras legislatura desde la misma Transición.
De cualquier forma, quizá la idea de convocar una huelga precisamente en un estamento que se encuentra colapsado por el trabajo atrasado no sea lo más conveniente. Lo urgente es garantizar la capacidad de diálogo y el compromiso por ambas partes de llegar a un acuerdo que, efectivamente, mejore las condiciones de trabajo de uno de los pilares de todo Estado de Derecho, lo que, a su vez, redundará en un mejor servicio al ciudadano, el verdadero damnificado de esta situación insostenible.