Los fiscales Anticorrupción de Balears, Joan Carrau y Pedro Horrach, investigan con profundidad la compra venta del marcador electrónico del velódromo Palma Arena. Este vídeo marcador costó un total de 1. 992. 000 euros a las arcas públicas y fue adquirido en una empresa extranjera llamada Smart Vision.
La investigación de los fiscales Anticorrupción se enmarca en el «caso Palma Arena», que ya está en manos del juez José Castro. Se investiga el sobrecoste de las obras a partir del conjunto de las operaciones económicas, de adjudicación y de contratación que se llevaron a cabo durante todo el proceso de edificación del recinto multidisciplinar.
Sin embargo, el caso de este aparato electrónico se investiga de manera particular por la espectacularidad de la operación de compra-venta que se cerró con la empresa Smart Vision, ya que el precio se percibe como muy desorbitado.
El del Palma Arena es uno de los vídeo marcadores mayores y tecnológicamente más adelantados de todo el continente europeo: mide un total de siete metros de diámetro, la superficie que ocupa es de casi 70 metros, pesa ocho toneladas y el proceso para instalarlo se alargó en el año 2007 un mes entero.
Además, a fin de que pueda funcionar con normalidad hay una sala habilitada al efecto, con una docena de ordenadores desde los cuales se controla todo el dispositivo.
El ingeniero Sebastià Rotger fue quien se encargó de la instalación del marcador dentro del recinto del Palma Arena, una obra que no se cerró hasta final del mes de julio de 2007.
Este aparato luminoso está ubicado en la parte central del velódromo de Palma y se caracteriza por su forma circular. De esta manera, permite que todo el público pueda ver las repeticiones y los resultados desde cualquier lugar. Asimismo, la altura en la cual se encuentra la pantalla es regulable por medio de un mecanismo, de manera que en principio se puede adaptar a los diversos deportes que se practiquen en el Palma Arena y a la normativa de las diferentes federaciones deportivas.
El marcador de Smart Vision fue montado y fabricado fuera de Mallorca a través de otras empresas. Inicialmente, el peso total tenía que ser de doce toneladas, pero al final el proyecto se tuvo que reformar para rebajarlo a las ocho toneladas que pesa actualmente.
De hecho, durante la fase final de la instalación del aparato hubo que recurrir a una gran grúa con el fin de elevarlo hasta el techo, y cada vez que se tiene que bajar o cambiar de posición es necesario poner en marcha un plan de seguridad específico, ya que el peso del marcador lo requiere.
Los fiscales Joan Carrau y Pedro Horrach investigan si en el proceso de adquisición del marcador no se produjo ninguna irregularidad y si el precio final es fruto de un sobrecoste, como en el conjunto de actuaciones relacionadas con este caso.