El juez fija a su libre albedrío la cuantía de una fianza para que un acusado pueda eludir la cárcel. Según la definición jurídica de fianza, «es una garantía personal, en virtud de la cual se asegura el cumplimiento de una deuda u obligación mediante la existencia de un fiador».
Las causas de supuesta corrupción en Balears presentan numerosos ejemplos al respecto. Por ahora, las cauciones más elevadas las han constituido el ex director general d'Ordenación del Territori Jaume Massot y el ex director de Promoción Industrial Kurt Viaene, con 200.000 euros cada uno.
Pero, el récord en fianzas elevadas lo habría batido Eugenio Hidalgo, si el anterior titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma Àlvaro Latorre hubiese admitido la propuesta del fiscal Anticorrupción Juan Carrau, que pidió para el ex alcalde de Andratx una caución de 40 millones de euros. El juez rechazó esa petición y le impuso una fianza de sólo 100.000 euros.
Las fianzas se puede constituir con dinero contante y sonante o con propiedades inmobiliarias. En el primero de los casos, Banesto, la entidad que tiene registrada una cuenta del Ministerio de Justicia para el depósito de las cauciones, emite un aval para ser presentado ante el juez o el tribunal que ha fijado la fianza.
Si la caución son propiedades, éstas deben cubrir el doble de lo fijado por el juez.
Además, en el caso de incumplimiento de la obligación garantizada, dependerá del caso concreto para establecer qué ocurre con la fianza. Por ejemplo, en derecho contractual lo habitual es que el acreedor utilice la fianza para resarcirse de los daños y perjuicios ocasionados. Sin embargo, en derecho procesal penal una posible fuga del acusado provoca la pérdida absoluta de dinero dado como fianza, sin necesidad de evaluar gastos o daños, según ha explicado a este diario el abogado Salvador Perera.
Los jueces deciden si procede fijar una fianza o prisión incondicional atendiendo a la gravedad del o los delitos imputados. En el caso del ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ajuntament de Palma Javier Rodrigo de Santos, la juez ha rechazado todos los requerimientos de su puesta en libertad bajo una caución. En este procedimiento pesa mucho el supuesto delito de abusos a menores, y De Santos sigue en prisión desde el pasado mes de mayo.
En el otro extremo, el ex jefe de mantenimiento de Turisme Jove Juan Francisco Gosálbez, puede presumir de haber avalado la cuantía más baja -12.000 euros- para quedar en libertad tras cuatro meses en prisión.
El político de más alto rango que ha eludido la cárcel tras depositar una fianza, de 100.000 euros, es el diputado autonómico Bartomeu Vicens por el 'caso Son Oms'.
El juez siempre decide el importe de la caución atendiendo las particularidades de cada caso y, sobre todo, la cuantía de lo supuestamente defraudado, las posibilidades económicas del imputado y su arraigo en la sociedad.
Precisamente, el riesgo de fuga es uno de los argumentos más utilizados por el Ministerio Público o las acusaciones cuando quieren oponerse a una libertad bajo fianza. Los abogados defensores, por su parte, intentan demostrar que ese riesgo está infundado por el arraigo y obligaciones familiares de su cliente.
Hasta ahora, todos los imputados en libertad bajo fianza están a disposición de la Justicia. Todos ellos han entregado su pasaporte y sólo tienen la obligación de presentarse de forma periódica en el juzgado o en la Audiencia.