Subir al autobús, cruzar la calle o utilizar una cabina de teléfonos supone un auténtico reto para las personas que sufren algún tipo de discapacidad física o sensorial.
El año 1993 el Parlament balear aprobó la Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Comunitat Autònoma, con una moratoria de 15 años para que la Administración y los particulares se adaptaran a la nueva normativa y que concluyó el 21 de mayo pasado, y que se ha venido incumpliendo sistemáticamente, tal y como denuncia la Coordinadora-Federació Balear de Persones amb Discapacitat.
El presidente de Coordinadora, Ramón Salas; acompañado de la gerente, Aurora Bonet y de los técnicos Maximino Domínguez y Manuel J.Plaza, recuerda que «desde la entrada en vigor de la ley, todo tipo de edificio público, calle, transporte, tenía que ser totalmente accesible», curiosamente 15 años después «aunque las cosas han cambiado bastante está claro que las instituciones públicas no han aprovechado la moratoria», añade Salas, por lo que «ahora cualquier cosa que no sea accesible a todas las personas es ilegal porque se está incumpliendo la normativa». Por todo ello desde la Coordinadora anuncian su voluntad de continuar colaborando con las Administraciones, «pero estamos dispuestos a acudir a la vía judicial para que la ley se cumpla», apostilla Salas.
Tal y como recuerda Maximino Domínguez, arquitecto técnico, «desde la Coordinadora hemos colaborado mucho con las instituciones, pero todavía queda mucho por hacer» y a título de ejemplo recuerda las dificultades de acceso a los colegios, centros de salud, hospitales, oficinas públicas, el metro «la puesta en marcha del metro, en la anterior legislatura, incumpliendo totalmente la ley, fue una de las batallas más grandes que tuvimos que librar, y aunque en esta legislatura se ha intentado mejorar las deficiencias, todavía quedan problemas por solventar», concreta.
También hay problemas para acceder al transporte público interurbano, «muchos autobuses no están acondicionados con rampas» y aunque los de la EMT sí tienen, «en muchas ocasiones el problema es poder sacar la rampa en una zona adecuada para que las personas con discapacidad puedan subir y bajar sin dificultad», apostilla Maximino Domínguez.