La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Valladolid que obligaba, a petición de un grupo de padres, a retirar los crucifijos de las aulas del colegio público Macías Picavea de esta localidad castellano leonesa ha provocado las lógicas y esperadas reacciones en distintos sectores de la sociedad española. No obstante, destacan los argumentos en contra manifestados por el cardenal arzobispo de Sevilla, monseñor Amigo, para el que la retirada de este símbolo religioso «no favorece la convivencia».
En la misma línea se ha expresado la secretaria general del Partido Popular, Maria Dolores de Cospedal, que considera que la presencia de un crucifijo en las aulas «no molesta en absoluto» en las tareas docentes de los centros escolares de titularidad pública. Por el contrario, las fuerzas políticas de izquierda consideran que la medida propuesta por el tribunal vallisoletano debería aplicarse con carácter inmediato en todos los colegios públicos de España.
En el marco constitucional de un Estado que se declara aconfesional es desde todo punto de vista lógico que no figuren símbolos religiosos en sus aulas, aunque sólo sea, como un valor añadido a la legalidad, por respeto a la pluraridad de creencias que conviven, precisamente, en las aulas. Ello no significa que se deba renunciar a todo el legado judeocristiano que impregna, desde hace siglos, la sociedad y la cultura española.
También llama la atención el entusiasmo de determinados sectores que desde la izquierda abogan por la aplicación generalizada e inmediata de la sentencia cuando, precisamente, desde sus propios ámbitos de responsabilidad política se mantienen o promueven, con su presencia, manifestaciones religiosas públicas en el seno de la Administración, como es el caso del Ejército español. Eso es incoherencia política.