El próximo año cuando concluya el deslinde de la costa de Balears, habrán transcurrido 16 años desde que se inició la delimitación de los terrenos que pertenecen el dominio público marítimo terrestre siguiendo las directrices de la Ley de Costas de 1988. Desde entonces, son miles las alegaciones que ha tramitado Demarcacion de Costas en el proceso de delimitar la zona pública y privada de la costa.
Los deslindes comenzaron en 1993. En aquellos años se aprobaron los deslindes de Sóller, Calvià, Andratx, Artà y Campos, pero en 1998 se produjo un parón por la falta de técnicos y de jurisprudencia. Los trabajos se reanudaron en 2003 y, desde entonces, los técnicos de Demarcación de Costas trabajan intensamente en la confección de este instrumento que garantiza la total protección de la franja de dominio público marítimo terrestre.
Del total del archipiélago balear, 1.393'04 kilómetros de litoral, se han deslindando 641, 85 kilómetros, es decir, el 48'3 por ciento. Mallorca, sin embargo, es la Isla donde el proceso está más avanzado. En total, a octubre de 2008, se ha ejecutado el deslinde de 457'75 kilómetros, el 70'04 por ciento del total de la costa. Y la previsión es de aquí a final de año avanzar con 40'661 kilómetros más (6'22%) . En 2009, los trabajos concluirían con la delimitación de los 155 kilómetros que faltan.
Por municipios, quedan por deslindar el litoral de Palma, Valldemossa, Estellencs, Fornalutx, Banyalbufar, Pollença, Escorca (sur), es Trenc (Campos), Muro s'Albufera (sa Pobla), Fornalutx y Costa dels Pins (Son Servera).
Celestí Alomar, jefe de la Demarcación de Costas de Balears, explica que la zona de dominio público siempre ha estado protegida por las diferentes leyes de costas, si bien es cierto que ésta es más amplia. «Con el deslinde queda garantizada la protección del litoral, respetándose los derechos adquiridos, pero además es un instrumento de ordenación que incide en el urbanismo». Tras la línea del dominio público -que incluye playas, dunas, marismas, acantilados, zonas bajas inundables, así como zonas húmedas-, se marca otra línea de 6 metros denominada de tránsito, que puede afectar a propiedad privada, pero que debe estar libre, de tal forma que se garantice el paso por la costa. Además queda marcada otra franja de servitud de protección de 20 metros en suelo urbano, donde no se podrán construir nuevos volúmenes. «Lo que ya estaba construido se mantiene, pero no se puede ampliar», precisa Alomar. Esta franja de protección se extiende 100 metros en el caso de suelo rústico.
El deslinde no hace sino marcar las líneas porque la regulación de las diferentes concesiones que existen en esta zona de dominio público no entra dentro de las funciones del deslinde.
El proceso de delimitación de la costa desde su ejecución provisional hasta su aprobación definitiva es larga. De hecho, puede transcurrir hasta un año. Cada proyecto consta de como mínimo 35 tomos, en los que incluye metro a metro las tres franjas citadas. La resolución de las alegaciones es uno de los procesos más lentos y todas han de contestarse. Las alegaciones a los deslindes se contabilizan por miles y hacen referencia a numerosos aspectos desde la falta de información sobre el deslinde hasta la denuncia de transformar propiedades en concesiones. En ese sentido, hay que recordar que, en virtud de la Ley de Costas de 1988, la nueva zona de dominio público se establece desde el punto donde llegó la marea más baja hasta donde llegaron las olas en los mayores temporales registrados. Todas las propiedades comprendidas dentro de esta zona pasan a ser concesiones por treinta años, prorrogables a otros treinta más. En Balears no hay tantas, pero en Alicante muchos vecinos se han encontrado que sus casas están en dominio público y en base a la ley del 88 no podrán ser vendidas.