La portavoz adjunta de la 'Coordinadora ciutadana de Mallorca pel desmantellament de les actuals antenes de telefonia mòbil', Rosa Bueno, dio a conocer ayer que hasta ahora han sido presentadas unas cien alegaciones a la futura ordenanza de telefonía del Ajuntament de Palma, que fue aprobada de forma inicial en el pleno del pasado 29 de septiembre. El plazo para presentar alegaciones concluirá el próximo 27 de noviembre.
Dichas alegaciones han sido presentadas tanto a título personal como también por diversas entidades y asociaciones. En este sentido, Bueno indicó que una de las alegaciones ha sido presentada de forma conjunta por la citada coordinadora y por la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, que piden la retirada de la nueva normativa prevista porque entienden que «en su globalidad, no responde a las expectativas y a lo que esperaba la ciudadanía».
Uno de los puntos más destacados de la futura ordenanza es que prohíbe que puedan instalarse antenas a menos de 200 metros de los colegios.
Bueno añadió ayer que Cort debería ponerse en contacto con el Govern «para que inste al Gobierno central a que dé competencias a los municipios en materia de regulación de emisiones o de realización de mapas sobre la ubicación de las antenas».
Por su parte, la regidora popular Lourdes Bosch anunció ayer que en el pleno del próximo lunes presentará una propuesta solicitando que, una vez que se haya aprobado ya de forma definitiva la nueva ordenanza, haya un «periodo de carencia» para las operadoras de telefonía, lo que quiere decir que a dichas empresas se les daría un periodo de tiempo, aún por determinar, para que se pudieran adaptar a la nueva normativa, para, por ejemplo, cambiar la ubicación originaria de una antena.
Bosch también confirmó que la próxima semana el PP presentará alegaciones a la citada normativa. En concreto, pedirá que la distancia mínima entre una antena y un colegio sea de 300 metros, y también solicitará que este mismo requisito de distancia sea exigido en el caso de los parques infantiles, los centros sanitarios y las residencias.