Uno de los propietarios de fincas en el polígono de Son Oms, José Garía Puigserver, declaró ante el magistrado instructor de la causa en el TSJB, que el diputado autonómico Bartomeu Vicens redactó, de su puño y letra, un documento por el cual le garantizaba la devolución de su propiedad si, finalmente, el suelo no era recalificado (de rústico a urbanizable).
Explicó que había entregado ese documento al fiscal anticorrupción (Juan Carrau), y aseguró que Vicens -en libertad con fianza de cien mil euros- estaba presente en la notaría de Alonso Cuevilla cuando firmó la escritura de cesión del 15% de su parcela a cambio de esa futura recalificación.
El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJB Antoni Capó ha iniciado la instrucción del 'caso Son Oms' tomando declaración a los propietarios de las parcelas que, supuestamente, cedieron el 15% a los principales imputados, Vicens, el ex presidente del Parlamento Maximilià Morales y el abogado Jaume Montis.
Ayer, en la segunda jornada de testificales, los propietarios explicaron bajo qué circunstancias se registró el acuerdo de cesión del 15% de sus terrenos.
Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, Vicens y Morales «usaron su influencia política» para cambiar el uso del suelo de Son Oms.
Garía declaró que cuando firmó la escritura «ya sabía por los periódicos» que tanto Vicens como Morales «eran políticos», y que, según recuerda, Vicens «era el secretario de Unió Mallorquina».
Otros propietarios, entre ellos Catalina Vidal Alemany, admitieron ante el magistrado que en las fechas en que se gestó la cesión del 15% «no conocía a Vicens ni a Morales», aunque subayó que «daban ese porcentaje de forma gratuita para poder hacer el polígono».
Su hermano Antonio, abogado de profesión, declaró ante el magistrado Capó que con ese 15% «pagaban el trabajo de Vicens, que era letrado».
El 'caso Son Oms' investiga en el TSJB -por la condición de aforado de Vicens- y en el Juzgado de Instrucción 2 de Palma una posible trama de corrupción urbanística en el polígono de Son Oms.
Vicens hizo frente a la fianza de cien mil euros para eludir la prisión, pero no pudo hacer lo mismo con los 8 millones de euros exigidos por el magistrado en concepto de responsabilidad civil. Por ello, la justicia le embargará sus bienes. Ayer, las declaraciones de testigos sólo se interrumpieron de forma breve tras el apagón general, pero después se reanudaron por orden del magistrado instructor.