El Govern, a través del Instituto para el Desarrollo Industrial (IDI), organismo dependiente de la Conselleria d'Indústria, se ha personado como acusación particular en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción 2 de Inca por un presunto delito de alzamiento de bienes de lo anteriores propietarios de la fábrica de calzados Yanko.
El IDI quiere «estar informado» de las diligencias que se siguen en la causa, ya que uno de los testigos ha declarado ante dos jueces, Pilar Anguita, de Inca, y Víctor Fernández, del Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma, que el ex conseller de Comerç, Indústria i Energia Josep Juan Cardona, había cobrado 50 millones de pesetas (300.000 euros) de comisión en la operación de compraventa de la nave de Yanko en Llucmajor. Además, sus arcas han sufrido un importante quebranto económico en Yanko, ya que avaló inversiones antes de la quiebra de la empresa de calzado.
El testigo J.M.P. ha declarado que fue el empresario hotelero Miquel Ramis, que adquirió la nave de Llucmajor por 1'5 millones de euros, el que le dijo en el transcurso de una cena que había pagado esa comisión de 50 millones de pesetas (300.000 euros) a Cardona (ver fotocopia de su declaración).
Sin embargo, cuando Ramis compareció ante el juez, negó haber pronunciado esas palabras. El testigo, no obstante, se ha ratificado precisando que su interlocutor había sido Miquel Ramis hijo, no el padre.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach decidió no continuar con las pesquisas sobre esas declaraciones ante la ausencia de pruebas para incriminar al ex conseller Cardona.
Enterado Cardona de la declaración del testigo, marido de una de las trabajadoras afectados por el cierre de Yanko, le envió un requerimiento para que se retractara, pero no lo hizo.
Es más, repetió el contenido de su declaración ante el juez del concurso necesario. También, el ex conseller quiso personarse en la causa, petición que le fue denegada.
Miquel Ramis, a través de la sociedad Cesgarden SA, adquirió en octubre de 2006 la nave de Yanko en LLucmayor, en una operación que los trabajadores trasladaron al juez, ya que la escritura señalaba que compraba «una industria fabril en la que había más de sesenta empleados».
Cinco días después, la dirección presentó el concurso de acreedores, donde no especificó la venta de la nave de LLucmayor. Ramis también está imputado en la causa junto al empresario catalán Xavier Camps Vila
Los servicios jurídicos del IDI confirmaron ayer a este diario que se habían personado ayer mismo como acusación particular en la causa 891-2006. Un portavoz explicó que «conocían» las alusiones a Cardona como supuesto perceptor de una comisión de 300.000 euros, y que si habían novedades al respecto, preferían tener acceso a las diligencias. El ex conseller de Comerç en el anterior Govern de Jaume Matas está imputado en el 'caso Ordinas', la supuesta trama de corrupción organizada por la ex gerente del CDEIB Antònia Ordinas, y quedó el libertad con cargos tras declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Palma, Piedad Marín.
La quiebra de Yanko supuso un auténtico mazazo a la industria del calzado inquense. Después de presentar el acta final del expediente de Yanko, ciento cuarenta trabajadores despedidos cobraron las correspondientes indemnizaciones.
De estos ciento cuarenta trabajadores, 30 han sido recolocados en otros puestos de trabajo, 12 están en edades próximas a la jubilación y, por tanto, pueden hacer efectivo su derecho a jubilarse y el resto todavía se encuentran en el paro. Por lo que respecta a las indemnizaciones, entre Fogasa y el Govern balear han aportado cerca de 2.200.000 euros (más o menos el 50 por ciento cada uno) y la cantidad que ha recibido cada trabajador está en función de su antigüedad en la empresa.
Actualmente, Yanko, propiedad del empresario Antoni Llobera, cuenta con una treintena de trabajadores que producen unos 210 pares de zapatos al día en la sede situada en la calle Binissalem, de Inca.