El ex presidente del Parlament Balear Maximilià Morales desvinculó a la actual máxima representante de la Cámara, Maria Antònia Munar, de la supuesta trama de corrupción urbanística en el polígono de Son Oms en la declaración que ayer realizó como imputado ante el juez instructor de la causa y el fiscal anticorrupción Juan Carrau. Tras su comparerencia, el juez Juan Ignacio Lope Sola le dejó en libertad con cargos. Morales explicó que no había hablado con Munar de este asunto (la petición del 15% de comisión a los propietarios de los solares) «en ningún momento», y también subrayó que «su nombre nunca salió en las reuniones». Dijo, asimismo, que cuando se dirigieron (junto a Bartomeu Vicens) a los propietarios de terrenos no les manifestaron su amistad con ella.
El ex presidente del Parlament insistió en que «nunca» había exigido ningún tipo de remuneración por su trabajo en el polígono de Son Oms (tenía un despacho en el que se dedicaba al asesoramiento financiero), y que cuando se marchó nunca le dieron ninguna remuneración ni tampoco la exigió.
Añadió que no se había presentado como personaje de «influencia política» sólo para gestionar, ni que había hablado con Maria Antònia Munar, cuando era consellera de Cultura, de este asunto en ningún momento.
Admitió «un error, no de mala fe» al no computar de forma correcta el impuesto de sociedades, que era del 40% y no del 15% fijado inicialmente en la venta de un solar por 3.089.000 euros, que habían adquirido por 1 millón. «El solar se transitió en el año 2005 ó 2006 y se pagó a Hacienda como si se hubiera transmitido el solar un año después de la compra», explicó.
El abogado Jaume Montis, por su parte, quedó en libertad con cargos, aunque el juez le retiró el pasaporte y le prohibió abandonar el territorio nacional.
En su declaración, el letrado dijo que había pagado unos 500.000 euros a Vicens en cheques, «por un acuerdo entre abogados». Admitió que en el período que se efectuaron los pagos, Vicens era conseller.
Dijo, asimismo, que el primer pago se lo hizon a Vicens «personalmente», aunque no recuerda la cantidad. Facturó también a la sociedad Metalumba, porque el propio Vicens le decía que le pagara a través de esa sociedad, «cosa normal entre abogados», subrayó.
En el 'caso Son Oms', además de Morales, Vicens y Montis, también están imputadas la esposa del portavoz de UM, Antònia Martorell, que se encuentra en libertad bajo fianza de 40.000 euros, y Elizabeth Diéguez, administradora de Metalumba.