El conseller d'Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero, presentó ayer los resultados de la primera convocatoria de la línea de ayudas para la rehabilitación de barrios, una iniciativa que generará una inversión pública, tanto del Govern como de los respectivos ayuntamientos, por un importe total de 22 millones de euros que se distribuirán entre 26 proyectos de 25 municipios de Balears.
Los objetivos de las actuaciones responden a las demandas genéricas de mejora de los espacios públicos "zonas verdes, pavimentación, iluminación, supresión de barreras arquitectónicas, eficiencia energética,...", introduciendo, en algunos casos, factores de indudable modernidad como son las áreas con acceso inalámbrico a la red de internet. A la vista del catálogo de proyectos aprobados por la Conselleria, presentados por los respectivos ayuntamientos, es previsible que algunos de ellos generen una lógica polémica ciudadana dada su envergadura y diseño, en especial en aquellos casos en los que se materialice la apuesta en favor de la peatonalización frente al tráfico rodado. Aunque sólo sea a modo de apunte, ninguna de las peatonalizaciones realizadas en las principales calles de Palma han generado el rechazo por parte de vecinos y comerciantes si se exceptúa la tensión inicial de su implantación.
Planes de estas características como el presentado por el conseller Carbonero no son novedosos en Balears, circunstancia que no significa un demérito ya que siempre han tenido un efecto dinamizador de la economía productiva puesto que la mejora del entorno urbano acaba teniendo un efecto sobre el conjunto del tejido social y económico del barrio. En el contexto actual de crisis, en especial en el sector de la construcción, no cabe duda que la aportación de 22 millones de euros en los próximos años ayudarán a paliar sus efectos.