P. MATAS/P. CANDIA/V. MALAGÓN
Las declaraciones realizadas por varios de los detenidos en la 'operación Scala' confirman las sospechas apuntadas por los investigadores sobre la trama organizada por la principal imputada en la causa, la ex gerente del Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears (CDEIB), Antònia Ordinas, y en la que también desempeñó un papel clave su mujer, la soprano Isabel Rosselló. Inicialmente, ha quedado demostrada la existencia de facturas falsas y el pago de diversas sumas de dinero a Ordinas a cambio de obtener adjudicaciones de contratos, pagados más tarde con dinero público.
Por esos hechos, los detenidos están imputados por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Los mecanismos de control en el CDEIB fallaron de forma estrepitosa. La Fiscalía Anticorrupción, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional y los inspectores de la Agencia Tributaria han seguido durante meses el rastro de las diversas irregularidades. Esas pruebas han sido determinantes en el éxito de los interrogatorios. El abogado de uno de los detenidos explicó que a su cliente le enseñaron facturas originales y fotocopias con sus correspondientes firmas, todas ellas recopiladas en las diversas fases de la investigación. «Imposible negar tanta evidencia», resumió el letrado.
Dos de las personas que quedaron en libertad, defendidas por el abogado Josep de Luis, dieron otro giro al caso al presentarse ante los especialistas de la policía como acreedores del CDEIB, ya que exhibieron facturas no abonadas por la empresa pública. «No ha habido ningún intento de lucrarse con dinero público, al contrario, somos unos perjudicados más», señalaron.
Ayer, asimismo, tanto Ordinas como Rosselló, por indicación de sus abogados, Eduardo Valdivia y Jaime Campaner, se negaron a declarar ante el fiscal y la policía, por lo tanto, es probable que se agote el plazo de 72 horas antes de que pasen a disposición judicial.
En total ya son doce las personas detenidas, la última de ellas, Daniela B.N., de 60 años, a quien se le imputan los delitos de malversación y cohecho.
Daniela es la esposa de Jaime J.F.A., fundador del PRIB, asesor del alcalde de Calvià, Carlos Delgado, y candidato a Defensor del Ciudadano de Calvià. La detenida, de nacionalidad francesa, comparte negocios con su marido y antes había trabajado para Jaume Matas cuando fue conseller d'Economia.