El secretario de Salut de UGT, Miguel Herranz, dio a conocer ayer que las trabajadores del Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD) han convocado para el 6 de octubre, a las 17.30 horas, una manifestación complementaria a las que se están llevando ya a cabo cada lunes, martes y miércoles desde el mes de agosto, en que se inició una huelga indefinida durante esos tres días de la semana, para reclamar mejoras salariales y laborales.
La principal novedad de dicha manifestación, que partirá desde la Plaça d'Espanya y llegará hasta la Plaça de Cort, es que, por primera vez, se espera contar con la asistencia de usuarios del SAD y de representantes de entidades que desarrollan su labor en el campo de la atención a personas dependientes, que han sido convocadas también por los sindicatos UGT y USO.
Cabe recordar que el actual conflicto laboral se inició el pasado mes de junio. Del total de 400 trabajadores del SAD que hay en Balears, mujeres en su mayor parte, unos 200 trabajan en Palma, en donde atienden a unas mil personas.
El pasado 1 de agosto, UGT y USO, y las empresas que gestionan el SAD, Intress y Servisar, firmaron un preacuerdo por lo que se refiere al nuevo convenio colectivo, que tendría una duración de seis años, entre 2008 y 2013, y que prevé un incremento salarial del 9 por cien para este año y de un 8'5 por cien hasta 2013.
Con el citado incremento del 9 por cien, una trabajadora del SAD pasaría a cobrar 1.023 euros netos al mes, en lugar de los 907 euros actuales.
Desde entonces, ha habido diversas reuniones entre representantes de ambas empresas y el teniente de alcalde de Hisenda, el socialista Andreu Alcover, y el teniente de alcalde de Benestar Social, Eberhard Grosske, del Bloc.
Alcover y Grosske han ido reiterando que el incremento salarial previsto en el citado preacuerdo no podría ser asumido económicamente por Cort. Ambos ediles sí se han comprometido, en cambio, a garantizar que todas las trabajadoras del SAD tendrán una jornada laboral de 40 horas semanales. Asimismo, han dicho que en la nueva contrata, que entraría en vigor en abril de 2009, podría haber diversas mejoras, compromisos que son considerados insuficientes por UGT y USO, que además acusan a Grosske de «no dar garantías» para una pronta solución del actual conflicto.