El fiscal del Supremo y coordinador de Seguridad Vial de la Fiscalía del Estado, Bartolomé Vargas Cabrera, dijo ayer en Palma que «el mérito de la aplicación eficaz de la nueva legislación en esta materia, que en menos de un año ha condenado a más de 5.000 conductores que transgredieron las normas, corresponde a jueces y fiscales por su especial dedicación y su sensibilidad para propiciar una cultura de sensibilidad humana y de respeto a la Ley».
Vargas intervino con la ponencia «La reforma penal sobre la delincuencia vial» en la segunda jornada del Congreso de Responsabilidad Civil que, organizado por el Colegio de Abogados de Balears, ha convertido a Palma en sede nacional de la reflexión jurídica en la materia y ha reunido a más de un centenar de profesionales. El fiscal Vargas adelantó a los asistentes al congreso que la Fiscalía General del Estado ultima un estudio sobre la manera de encajar en el ordenamiento jurídico español el decomiso de los vehículos de los conductores temerarios o reincidentes, y aseguró también que los actuales responsables del Ministerio Público han aconsejado al Gobierno y a los legisladores la elevación del baremo indemnizatorio a las víctimas de accidentes de tráfico «que está desfasado y es insuficiente en las escalas económicas de nuestra sociedad».
En la casuística concreta de los delitos contra la seguridad vial -circular sin permiso de conducir; bajo los efectos del alcohol y las drogas o excediendo los límites de velocidad-, Bartolmé Vargas apuntó que los fiscales están pidiendo penas mayores para quienes, además, circulan con inhibidores de los radares «por cuanto ya antes de esas transgresiones son defraudadores a la Ley».
En su segunda y última jornada, el congreso abordó ayer argumentos como «La responsabilidad civil del incapaz y su tutor», a cargo del abogado Javier López y García de la Serrana, y «El incidente de nulidad de actuaciones y su nueva regulación», que fue analizada por el letrado Jaime Suau.
La jornada concluyó con una ponencia conjunta sobre «Nominalismo y valorismo en las indemnizaciones por accidentes de tráfico», a cargo del abogado Mariano Medina y el magistrado de la Audiencia de Sevilla, José Manuel de Paúl.