El magistrado mallorquín Antoni Monserrat Quintana se incorporará como vocal al renovado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno del poder judicial en España, como candidato propuesto por el PP y por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura en las listas del Partido Popular. El extensísimo currículum del jurista mallorquín avala, sin ningún género de dudas, su candidatura que deberá ratificar el Parlamento, un mero trámite teniendo en cuenta el acuerdo de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE.
El acuerdo sobre el reparto 'político' de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial entre socialistas y conservadores ha permitido desbloquear el necesario recambio de sus integrantes, aunque, también, ha vuelto a poner sobre el tapete si la fórmula actual de elección es la más idónea o si, por el contrario, acentúa la politización de un organismo que es el que debe gestionar la judicatura en España. Tal y como se ha evidenciado, cada uno de los nuevos vocales del CGPJ tiene asignada a priori una afinidad ideológica con cada uno de los partidos que le ha propuesto. La cuestión es si esta afinidad, indudable a la vista del procedimiento, se acaba traduciendo en una obediencia política, entonces la independencia del órgano de gobierno de los jueces pasa a ser una quimera.
El sistema actual en la elección de los miembros del CGPJ tiene, a la vista está, debilidades que se deberían corregir. Ello no significa, en absoluto, admitir como acertado el sistema endogámico y corporativista anterior, en el que eran los propios jueces los que designaban los miembros del Consejo. Se trata, en definitiva, de aplicar fórmulas que no dejen en entredicho la que debería ser incuestionable independencia del poder judicial. Ésta es la auténtica cuestión de fondo.