El proyecto se inició con un presupuesto de 46'4 millones de euros, pero ha acabado costando más de 100 millones, cifra que todavía puede incrementarse. Por ello, la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias informativas con el objetivo de dirimir responsabilidades ante el desproporcionado aumento de los costes.
Precisamente, a ese sobrecoste, aparentemente no justificado, se aferra el Govern para retener los pagos. En esa reunión, el Ejecutivo trasladó a sus interlocutores que el grueso de las obras no estuvieron amparadas por el correspondiente expediente administrativo, y que por delante está la tarea de «legalizar» la ejecución de todo el proyecto
FCC y Melchor Mascaró trasladaron al Govern su preocupación por el hecho de no poder cobrar por los trabajos realizados en la obra más importante de las acometidas en un recinto deportivo en Balears.
El Ejecutivo que preside Francesc Antich ha admitido la deuda que mantiene, no sólo con FCC y Melchor Mascaró, sino también con otras empresas del sector de la construcción, por un importe global de 223 millones de euros.
El Ejecutivo ya ha reunido a los representantes de la patronal de ese sector para comunicarles que reducirá la deuda con el pago de 96 millones de euros antes de que concluya 2008. La obra más importantes cuyo coste sigue sin ser abonado es, además del Palma Arena, el metro.
El Palma Arena estaba llamado a ser el velódromo de referencia en Europa, pero un año después de su inauguración ni siquiera ha sido homologado. La polémica siempre le ha acompañado.