Los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma están estudiando, a petición de la Conselleria de Salut i Consum, algunos desajustes contables detectados en la auditoría realizada para analizar la gestión de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (FBSTB) durante la pasada legislatura.
En la auditoría se ha detectado que el entonces gerente de la Fundació, Víctor Gistau -quien actualmente ejerce como funcionario en la Direcció General de Consum- no había justificado adecuadamente gastos efectuados con la tarjeta de crédito de la entidad y que podría haber estado cobrando complementos salariales que no le correspondían.
Así lo ha confirmado a Ultima Hora el director general de Planificació i Finançament de la Conselleria de Salut i Consum, Juli Fuster, quien ayer aseguró que «una vez conocido el informe de la auditoría, éste ha sido revisado por los servicios jurídicos de la Conselleria y remitido a los servicios jurídicos de la Comunitat Autònoma», matizando que «lo que se ha hecho con el Banc de Sang lo hemos hecho con todas las fundaciones» y añadiendo que de lo que se trata es de «comprobar porqué se han producido los desajustes contables y si los gastos que no han sido bien justificados pueden serlo o no».
Fuster añadió que el informe de los servicios jurídicos todavía no ha sido remitido a la Conselleria y que, por lo tanto, todavía desconocen si los hechos investigados son constitutivos de delito o no lo son.
Puestos en contacto con el ex gerente del Banc de Sang i Texitis, Víctor Gistau, éste ha manifestado que «mi conciencia está bien tranquila» y que, ayer por la mañana, se puso a disposición de la Conselleria de Salut «para aclarar cualquier duda contable que se haya podido producir durante mi gestión como gerente de la FBSTB».
Gistau sostiene que, durante su gestión, cobró los complementos salariales que ya percibía su antecesor en el cargo, Josep Muncunill, quien actualmente vuelve a ocupar la gerencia de la Fundació Banc de Sang i Teixits.
Por su parte Aina Castillo, ex consellera de Salut i Consum y como tal ex presidenta de todas las fundaciones públicas que dependían de su departamento, dijo ayer que «soy la primera interesada en que si hay alguna cosa mal hecha que se sepa» .
Mientras que la portavoz del PP, Catalina Soler pidió ayer al Govern que «aplique la misma vara de medir» a todos y requirió al Ejecutivo autonómico a que presente ante la Fiscalía el caso de la ex consellera de Salut i Consum, Aina Salom, que facturó al Govern a través de una farmacia de su propiedad más de 3'5 millones de euros.