El llamado 'caso Caballistas' pondrá en el banquillo de los acusados al ex alcalde ses Salines Sebastià Vidal y otros trece imputados, muchos de ellos también alcaldes o ex alcaldes de varios municipios mallorquines "todos pertenecientes al Partido Popular" o altos funcionarios. Así lo ha decidido el juez instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Antoni Montserrat, el cual ha detectado indicios delictivos para lograr la legalización de una construcción en suelo no urbanizable mediante la falsificación de documentos oficiales.
Las diferentes penas solicitadas por la Fiscalía a los imputados revelan su diferente grado de implicación en las graves irregularidades detectadas, como lo demuestran los seis años de prisión y otros tantos de inhabilitación que se piden para el principal implicado, Sebastià Vidal, o los cuatro años de reclusión para el celador de ses Salines y el secretario del Ajuntament de Campos y los tres años de cárcel y cinco de inhabilitación para el ex alcalde de Campos Andreu Prohens. Al resto de políticos se solicita la imposición de una multa de 6.000 euros y 9 meses de inhabilitación.
De confirmarse los hechos, resultaría esperanzador comprobar que, aunque con dificultades, el Estado de derecho se acaba imponiendo y que la corrupción y la falta de escrúpulos en la obtención de beneficios particulares por parte de responsables institucionales, en este caso de ayuntamientos, se persigue con la ley en la mano y de manera eficaz. Nadie debe quedar al margen de la acción de la Justicia, tampoco los cómplices, aunque éstos demuestren que actuaron de buena fe; la responsabilidad de los cargos que han ostentado u ostentan obliga al máximo celo con la legalidad. Sólo cabe esperar que el proceso sirva de escarmiento.