PATRICIO CANDIA
La lista de acreedores del promotor inmobiliario Vicenç Grande sigue creciendo 48 horas después de que hubiese presentado en los juzgados un concurso de acreedores voluntario que afecta a catorce de sus sociedades (Grup Drac) y a él mismo como persona física. Su asesor jurídico, Joan Font, cuantificó en quince las entidades bancarias que reclaman hasta 400 millones de euros, el 60 por ciento del total del pasivo declarado (600 millones de euros). Hasta ahora, se conocían seis: Sa Nostra, Bancaja, Banco Sabadell, la CAM, Banca March y La Caixa. También se han añadido el BBVA, Es Crèdit, Banco Santander, Caixa Galicia, Caja Madrid, Banco Valencia y Banesto.
«Casi todos los bancos que operan en Balears forman parte de la lista de acreedores», dijo Font, que rehusó dar una cifra aproximada de afectados por el concurso de acreedores voluntario de Grande. «Es pronto para aventurar cifras», concluyó.
La crisis de Grande, con todas sus repercusiones, pilló desprevenidas a las entidad bancarias de las Islas. Aunque los bancos son expertos en analizar la condición financiera de sus clientes que mueven cientos de millones de euros, como es el caso del presidente del Grup Drac y del Mallorca, los mecanismos fallaron con estrépito, según los expertos consultados por este diario. El análisis financiero del banco para aprobar créditos de envergadura se realiza en cuatro fases: al presentar la solicitud, tras su aprobación por el comité de crédito, por el departamento de revisión de créditos y durante la supervisión del préstamo. Sin embargo, en el caso de Grande, el concurso de acreedores alteró todas las previsiones, ya que las entidades, hace muy pocas semanas atrás, habían decidido dar un respiro al promotor hasta septiembre.
Más de un directivo bancario de las Islas tendrá graves dificultades para explicar ante el consejo de administración lo ocurrido con Grande, al tiempo que otras fuentes ya adelantan la posibilidad de alcanzar acuerdos con los administradores concursales designados por el juez para aceptar cobrar menos (lo que en términos judiciales se denomina quita) a cambio de un pago inmediato de la deuda.
Por otra parte, el titular del Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma, Víctor Fernández, explicó ayer los trámites que seguirá el concurso de acreedores que él dirigirá. «Es un megaconcurso sólo por las cifras, no por la complejidad del proceso», afirmó.
«En todo concurso primero hay que subsanar los defectos procesales, si los hubieran, y para ello hay un plazo de cinco días. El expediente debe acompañar una memoria jurídica y económica de cada una de las empresas, el estado de acreedores, las cuentas anuales de las sociedades, la relación de trabajadores, entre otras cuestiones», dijo el juez.
«El mensaje que yo deseo transmitir es el mismo del abogado (de Grande) Joan Font, en el sentido de que el hecho de que se presente un concurso no significa otra cosa de que tenemos un enfermo que debemos diagnosticar, y al que hay que aplicar la medicación adecuada para que, en el mejor de los casos, pueda salir del hospital por su propio pie», dijo el juez Fernández.