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Los constructores discrepan de los datos del Govern sobre inversión pública

Afirman que la licitación de todas las administraciones en Balears registra un descenso del 56 por ciento entre enero y abril sobre 2007

Los constructores piden que se acelere la licitación de vivienda social en las Islas.

M.JUNCOSA

La licitación de obra pública en Balears en el mes de abril, con proyectos por valor de 92,5 millones de euros, superó con creces la registrada en el acumulado de los tres primeros meses del año (52,2 millones), según datos de la Asociación de Constructores de Balears. Pese a este repunte, la patronal discrepa de la afirmación del Govern de que sus proyectos de inversión superan en un 10 por ciento los registrados en 2007 y afirman que las obras licitadas por todas las administraciones públicas alcanzaron un importe conjunto de 144,753 millones en el acumulado de enero a abril, lo que supondría un descenso del 56 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

De hecho, los datos de la Asociación de Constructores de Balears indican que la licitación de obra pública por parte del Govern balear alcanza los 48,7 millones de euros, frente a los 122,6 millones del mismo periodo del año anterior. El director general de la patronal, Manuel Gómez, afirma que es posible que los datos de la patronal nacional Seopan no incluyan la licitación realizada por el Instituto Balear de la Vivienda, el Ibavi, aunque afirman que los proyectos de inversión de este organismo público suman la diferencia.

Como se recordará, el conseller de Economia, Hisenda i Innovació, Carles Manera, afirmó esta semana pasada que el Ejecutivo balear ya ha licitado casi el 60 por ciento de la inversión prevista en los presupuestos de la comunidad para este año y que el importe sacado a concurso es del orden del 10 por ciento superior al registrado en el periodo equivalente del año pasado.

La Asociación de Constructores de Balears considera que además de acelerar la licitación de proyectos de inversión pública, la administración autonómica debe tomar medidas urgentes y a corto plazo para «oxigenar» la situación del sector de la construcción en las Islas, ya que consideran que la política de fomento de vivienda social o la Ley de Barrios generarán un efecto positivo sólo a medio y a largo plazo. En concreto, el director general de la patronal plantea que el Govern avale ante el sistema financiero a familias que tengan unos ingresos medios para que puedan comprar viviendas terminadas o a punto de terminar también de un precio medio, de manera que los promotores obtengan liquidez, puedan pagar sus proveedores e , incluso, iniciar nuevos proyectos.

En cuanto a la licitación urgente de obra pública, la Asociación de Constructores afirmó que sólo la Conselleria d´Habitatge i Obres Públiques, que dirige Jaume Carbonero, ha establecido un calendario urgente de proyectos, entre los que citó la subvención en el mes de junio de 17,7 millones a 22 ayuntamientos de Balears para trabajos de rehabilitación, otros 2,5 millones para la eliminación de barreras arquitectónicas y de otra cantidad inferior para «rematar» algunos trabajos que quedan en la red viaria de las Islas.

Retraso municipal

Por otra parte, la Asociación de Constructores fue muy crítica con los ayuntamientos de Balears, a quienes acusó de retrasar hasta periodos incluso de entre 8 y 10 meses la tramitación de las licencias municipales de obra, una situación que agrava la situación de parálisis del sector de la construcción.

Por último, la Asociación de Constructores de Balears afirmó que no existen cambios importantes en cuanto a la deuda que las diferentes administraciones públicas mantienen con empresas contratistas de las Islas por infraestructuras ejecutadas en la pasada legislatura, y que suman una cantidad superior a los 200 millones de euros.

El director general de la Asociación de Constructores de Balears, Manuel Gómez, consdieró que aproximdamente el 80 por ciento de los 7.800 parados en la construcción en abril, cifra que como se recordará es un 80 por ciento superior a la del mismo mes del año anterior, están en desempleo como consecuencia de la finalización de obras. El 20 por ciento restante se deriva de empresas en suspensión de pagos, una situación que califican de más peligros y que cree que irá en aumento en los ptróximos meses.

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