El sector del transporte ya ha comenzado a aplicar las primeras medidas de fuerza para reclamar del Gobierno medidas que palíen el notable incremento de los precios del combustible, las cuales se añaden a las que ya están aplicando los pescadores. Estas protestan son el comienzo de una más que previsible escalada en la tensión entre los colectivos más afectados por la subida de los carburantes, consecuencia de una cotización al alza del petróleo, que ya ronda los 120 dólares el barril.
Desde el Gobierno se descarta la opción de reducir la presión fiscal sobre el gasóleo sin que, por el momento, den a conocerse medidas alternativas que permitan vislumbrar un descenso en los precios.
Las empresas distribuidoras de Balears, grandes almacenes y supermercados están acumulando existencias en los almacenes en previsión de las conseciencias de unas protestas que acabarán teniendo sus efectos, en el caso de prolongarse, sobre los ciudadanos en el plazo de apenas unas semana.
Esta ola de protestas es sólo la punta del iceberg de una situación que se está larvando al amparo de la manifiesta recesión económica que vive España, ante la que el Gobierno apenas adopta decisiones que devuelvan la confianza a los inversores y reduzca el lastre de las familias.
El margen de maniobra de España como país integrado en la Unión Europea es escaso, pero no cabe duda que el Gobierno sí tiene capacidad de decisión sobre la orientación económica mediante la promoción de la inversión pública o atenuando alzas de precios como el del suministro de energía eléctrica. España, en estos momentos, tiene una inflación superior a un punto al resto de los países de la zona euro, dato que revela que es posible mejorar la situación.