La sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha dado la razón al Consell de Mallorca y hace buena la reconversión de suelo urbano a rústico de una extensión de 482.000 metros cuadrados de Cala Tuent, donde estaba previsto construir un hotel y hasta 260 viviendas unifamiliares destinadas en su mayor parte a segunda residencia. La sentencia consta de 176 folios.
Los terrenos donde se había proyectado la urbanización de Tuent, formada por los polígonos 1 y 2, se encuentran en la primera línea de mar del término de Escorca. El Consell subraya que, pese a que los terrenos eran urbanos, se encontraban rodeados de un entorno de alto valor paisajístico.
La institución presidida por Maria Antònia Munar también tuvo en cuenta el estado actual en el que se encontraban los solares que se habían de urbanizar, sin conexión de agua y alcantarillado, y de las calles, que presentaban un asfaltado muy dificiente.
El Consell esgrimió éstas y otras deficiencias porque la urbanización había sido aprobada en 1978, y según la Ley del Suelo sus promotores disponían de un plazo de diez años para cumplir con las obligaciones urbanísticas. Pero después de 25 años, el Plan Territorial de Mallorca (PTM) puso énfasis en que «nunca se hicieron las actuaciones que se pueden entender como la decisión de sacar adelante la urbanización de forma global, ni tan sólo después de las prescripciones impuestas por el CIM».
La protección del PTM para Tuent había sido recurrida ante los tribunales por la promotora de la urbanización.
Ésta es la quinta resolución consecutiva favorable al Plan Territorial de Mallorca. A principios de esta semana se hizo pública la cuarta sentencia, que acepta la prohibición de poder segregar las grandes fincas o posesiones en más de tres partes. Esta norma tiene efectos retroactivos hasta principios de los años 90. Algunos grandes propietarios contrariados presentaron el recurso, pero los tribunales consideran que las segregaciones son en realidad parcelaciones encubiertas.
La urbanización y el hotel de Escorca habían sido denunciados de manera permanente por el GOB, porque «la credibilidad de nuestras instituciones quedaría absolutamente anulada si consintiéramos que se acabe edificando un hotel en la zona», según los ecologistas.