La consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració, Fina Santiago, informó ayer sobre la resolución del contrato con la UTE Clece y Lireba para la gestión de les residencias para dependientes de Oms, Sant Miquel, Son Güells (estas tres en Palma); y de Puigpunyent y del Centre d'Estades Diürnes de Llucmajor por las «permanentes quejas de los familiares de los usuarios, respecto al trato, a la falta de personal y a las malas condiciones de los servicios de cocina e higiene. Aunque algunas de estas actuaciones deficientes eran «frecuentes», Santiago aseveró que no se han detectado situaciones graves, ni ha habido denuncias judiciales.
La consellera compareció, junto a la secretaria general de la Conselleria d´Afers Socials, Bel Nora, y el director general de Dependència, Juan Manuel Rosa, y explicó que la resolución (que supone dejar sin efecto el contrato) está motivada porque la UTE -que tenía una concesión para 5 años, concedida por el anterior Govern- «no podía garantizar la calidad de los servicios». Así, las 143 plazas residenciales y las 108 plazas de estancia diurna -todas ellas para dependientes- que suman estos centros pasarán a ser de gestión pública a partir del 1 de junio. Concretamente dependerán de la Fundación para la Atención a la Dependencia, una entidad pública perteneciente a la Conselleria d´Afers Socials.
De ese total de plazas, 28 residenciales y 17 de día eran hasta ahora totalmente privadas, pero también pasarán a formar parte de la red pública de atención a la dependencia. Santiago recordó que el actual modelo de gestión de estos centros es mixto, de forma que una parte de las plazas son privadas y la otra parte son plazas concertadas.
La resolución del contrato se ha realizado previo acuerdo económico con la Unión Temporal de Empresas adjudicataria, un acuerdo que la consellera prefirió no concretar, «de momento».
Recordó, no obstante, que la citada UTE gestionaba estas residencias desde hace un año y avanzó que una vez que éstas pasen a ser gestionadas por la Fundación, se cubrirán las plazas de Sant Miquel que, pese a estar asignadas, aún están sin ocupar debido a esta situación.
Sobre todo, la responsable autonómica quiso enviar un mensaje de «máxima tranquilidad» a los 92 trabajadores de estas residencias, «cuyos contratos serán subrrogados, desde el 1 de junio, por la Fundación de atención a la dependencia del Govern». También envió ese mensaje de tranquilidad a los usuarios «que no se verán afectados y seguirán con su plaza».
Por último, no descartó la posibilidad de contratar más personal en los próximos meses, con el fin de mejorar la calidad del servicio, «si es necesario».