El propietario del Grup Drac y presidente del Mallorca, Vicenç Grande, explicará el miércoles al juez instructor del 'caso Plan Territorial de Mallorca', Miquel Florit, que adquirió la finca es Crevers, investigada en la causa, dos años antes de que se aprobara esa norma urbanística, y que no tuvo información 'privilegiada' para saber que iba a ser incluida como área de reconversión territorial.
Grande vendió en 2004 el 60 por ciento de es Crevers al promotor Mateu Sastre, de Ibercon, por 41 millones de euros, 27 más de lo que él pagó por esos terrenos.
A pesar de lo elevado del precio final (normal en ese tipo de operaciones y en el contexto del 'boom' inmobiliario que se registraba en 2004, según los especialistas), Grande lo hubiese negociado al alza si hubiese tenido conocimiento de que iba a ser una ART, según las fuentes consultadas.
Grande tenía que declarar el próximo viernes ante el juez, pero su abogado, Joan Font, decano del colegio, pidió adelantar la comparecencia al miércoles 21 de mayo por problemas de agenda.
Es Crevers juega un papel clave en la querella de la Fiscalía Anticorrupción, que fija en 93 millones de euros las plusvalías que generan a los titulares de esos terrenos tras la aprobaciòn del PTM. Mateu Sastre compró la finca a Vicenç Grande un mes antes de la aprobación de la norma urbanística.
En la causa, además del propietario del Grup Drac, están imputados los promotores Mateu y Cristòfol Sastre, y el ex conseller d'Medi Ambient Jaume Font.
Por otra parte, la presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, ha confirmado en conferencia de prensa que la formación ha iniciado los trámites para presentar una querella contra el portavoz parlamentario de UM, Bartomeu Vicens, por declarar ante el juez que modificó el Plan Territorial por indicación de ese partido.
Vicens declaró el pasado lunes ante el juez Miguel Florit, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, como imputado por la presunta trama de tráfico de influencias del Plan Territorial de Mallorca (PTM) que habría supuesto plusvalías de terrenos de hasta 300 millones, según la Fiscalía Anticorrupción.